Transparencia, presupuesto y gasto público

El desarrollo de nuestras sociedades se produce con interacciones sociales complejas en sus entornos, y una de las características de la sociedad global que vivimos es por un lado su universalización y por otro su individualización. Individuos y masa social, son los dos polos de una sociedad que no encuentra su fórmula de integración. La pregunta que debemos hacernos es ¿Por qué?

¿Será por las desventajas de los entornos sociales que hemos creado en la convivencia de nuestras ciudades en donde la  delicada interacción con los entes sociales  no tienen una solución adecuada?;

Tendríamos que examinar no sólo la biografía individual de nuestra juventud local, sino también su historia y el presente de su sociedad. Compararlo con los períodos en los que se produce con mayor intensidad la interacción entre las tendencias individuales, las adquisiciones psicosociales, las metas socialmente disponibles, las fortalezas y desventajas del entorno, los fracasos de la búsqueda de su futuro, el desencanto ante sus salidas para un primer empleo.  Es la indignación de no conseguir su encaje a pesar de que ha hecho un esfuerzo por acumular un capital humano, y no encontrar una salida. La falta de políticas de movilidad intercomunitaria, y la ausencia de proyectos de desarrollo local en donde todos los factores se impliquen en poner los medios en coordinar un desarrollo compartido.

La globalización ha influido en que los adolescentes se encuentren expuestos a influencias multiculturales que los han envuelto en sus vidas sin comprenderlo adecuadamente. Ello ha roto la homogeneidad de las culturas y, por consiguiente, ha creado una inmovilidad de los roles, principalmente al no permitir procesos de transición racionales hacia lo que entendemos por emancipación y autonomía de la vida adulta. Se han redefinido los patrones de consumo y agudizado las diferencias en el acceso de oportunidades y en las condiciones de vida entre los grupos que disfrutan de ventajas socioeconómicas y aquellos que no tienen los bienes mínimos de subsistencia. Las diversas juventudes, son donde más claramente se empieza a diferenciarse las desigualdades y se desarrollan los diferentes grados de vulnerabilidad y exclusión.

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El Día Internacional de la Transparencia -28 de septiembre-  debe constituir un compromiso colectivo por conquistar el derecho a saber, una aspiración constitucional que encuentra muchas dificultades para convertirse en  realidad en la vida pública y social.  Es un reto que como presidente del Consejo de la Transparencia he asumido, pero tendremos una sociedad más transparente, si ese reto lo compartimos con toda la sociedad y además, la ciudadanía de esta Región se convierte en sujeto activo para exigir que sus instituciones sean transparentes y sus representantes ejerzan sus funciones con democracia de decisiones y democracia de conductas.

He caminado conjuntamente con ciudadanos e instituciones, tanto públicas como privadas, para que la transparencia, la participación y la rendición de cuentas sean una práctica en nuestra vida democrática. Buscando esa savia que surge de las entrañas del pueblo expresando su deseo de un cambio profundo en sus instituciones públicas. Nos encontramos con  muchos  obstáculos para conseguirlo y algunos se manifiestan en las propias leyes que nos regulan, tanto en el ámbito regional como en el estatal. Deseo que nuestra ordenación jurídica sea un fiel reflejo de las normas internacionales, para lo cual debemos impulsar aquellas reformas que salven las diferencias. Es evidente que cuesta romper la tiranía de la burocracia, pero la ciudadanía tiene que librarse de esa losa ineficaz y convertir la Función Pública en una  aliada para su desarrollo social.

Es cierto que la transparencia y el derecho a la información están entrelazados y que en principio podría pensarse que son las dos caras de una misma moneda, sin embargo no se trata de dos conceptos confluyentes sino paralelos. El derecho de acceso a la información pública garantiza la transparencia y posibilita profundizar en la democracia, pero no existe una relación inversa porque la mera transparencia no amplía los derechos de los ciudadanos ni, por tanto, nos lleva a una democracia más avanzada. La transparencia, por sí sola, puede suponer una suerte de despotismo ilustrado si no se acompaña del auténtico derecho del ciudadano, el sujeto universal, a tener acceso a la información pública. En nuestra sociedad se puede apreciar un importante esfuerzo en materia de transparencia como medio para mejorar la calidad de los servicios, pero estamos lejos de ver fortalecidos los derechos fundamentales de los ciudadanos en esta materia.

Me sumo a los que defienden la Transparencia como un derecho humano fundamental, de carácter constitucional, que tiene su origen en las libertades informativas, tal y como confirma  el Convenio 205 del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos (18/6/ 2009) que en su exposición de motivos dice que el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de las autoridades públicas, ayudando así a que se reafirme su legitimidad.

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Autoridades, representantes de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad murciana, queridos amigos. Es para mí un honor asumir la responsabilidad de impulsar la Transparencia en la vida pública y social de esta región. Un honor, repito, pero también un reto. Y ya adelanto: un reto que no rehuiré.

He caminado conjuntamente con ciudadanos e instituciones, tanto públicas como privadas, para que la transparencia, la participación y la rendición de cuentas sean una práctica en nuestra vida democrática. Y hago hincapié en vida democrática. VIDA: Ese flujo permanente que surge de las entrañas del pueblo expresando su deseo de un cambio profundo en sus instituciones públicas. Y al asumir este compromiso quiero convertir ese deseo en  realidad, aun siendo consciente de las carencias y contradicciones  existentes.

Porque en el camino de la transparencia y del buen gobierno aparecen obstáculos, a veces muros, que hay que derribar para que la ética en la función pública penetre sin mayores dificultades. Pero nos encontramos con que muchos de esos obstáculos se manifiestan en las propias leyes que nos regulan, tanto en el ámbito regional como en el estatal.

Hemos esperado demasiado tiempo el nacimiento de nuestra Ley de Transparencia y esa tardanza ha hecho que naciera ya vieja para los tiempos que vivimos. Hoy, la participación ciudadana camina a un ritmo mayor del que se prevé en la Ley, que tiene demasiado carácter administrativo y olvida profundizar en la transparencia y en la participación, como derecho fundamental, de forma que conecte más directamente con el derecho a la información y el derecho a saber que consagra la CE en su artículo 20.1.

Aspiramos, por tanto, a que nuestra ordenación jurídica sea un fiel reflejo de las normas internacionales, para lo cual propondré al Consejo aquellas reformas que salven las diferencias. Es evidente que cuesta romper la tiranía de la burocracia, pero la ciudadanía tiene que librarse de esa losa ineficaz y convertir la Función Pública en una  aliada para su desarrollo social.

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Pareciera que se haya puesto de moda cuestionar lo público. Desde diferentes instituciones nacionales e internacionales se dice que hay que “reducir el sector público”…. como si no fuera suficiente la acumulación de riqueza y aumento de desigualdades que han puesto de manifiesto estudios como el del profesor Piketty, el cual concluye que la parte que se llevan los ricos está aumentando en todos los países desarrollados. Ahora se argumenta que por competitividad, innovación y dinamismo, hay que dejar que la economía privada ocupe el espacio público porque será más rentable que si la que gestiona el Estado..

Lo público está siendo atacado desde el pensamiento neoliberal y quieren desmantelarlo de forma progresiva y, de hecho, algunas privatizaciones se han salvado por sentencias judiciales, como ha ocurrido en el sector sanitario. Sin embargo nadie nos dice con claridad lo qué funciona mal en la economía, en la sociedad y en la política, donde “algo va mal” como nos dejó escrito Tony Judt en su libro-testamento político. Y lo que observamos con temor es ese ataque sistemático al Estado de bienestar.

Se perciben muchas descalificaciones por lo que, como aconseja Mariana Mazzucato, es el momento de defender y proyectar lo público con un plan que entusiasme, que muestre lo que se “debería hacer” para ser más competitivos, más emprendedores de lo público y con iniciativas para salir de la crisis. Porque quienes para salir de la crisis solo aplican políticas de recortes demuestran, en mi opinión, su incapacidad para gobernar lo público. Y hay quien ha llegado a alcanzar su grado máximo de incapacidad, cumpliendo el famoso “principio de incompetencia” de Peter.

Precisamos impulsar conocimiento, creatividad y una visión atrevida e innovadora dirigida al propósito de crear un Estado promotor. Un cambio en la forma de gestionar la Administración para que sus recursos se dirijan a convertir lo público en la plataforma de la nueva reindustrialización. Y toda innovación, desde la cordura, que las aventuras “a lo loco” las dejamos para los inversores de casino, que todavía se presentan en muy diferentes sitios intentando vendernos especulación y humo. Impulsemos el desarrollo tecnológico, economía del medioambiente, investigación en salud, redes de transporte y, esencialmente, en capital humano potenciando los centros de formación y del conocimiento en las universidades públicas. Keynes nos aconsejaba hacer desde lo púbico “aquellas cosas que en la actualidad no se hacen en absoluto”. Internet es un ejemplo clásico en este reto por hacer cosas nuevas que se inician desde lo público.

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Los hijos de los millones de europeos que murieron en defensa de su dignidad y libertad, no pueden morir hoy de rodillas por una “Europa de la austeridad” sin los valores que tanto costó alcanzar

Hace tiempo que nos avisaron del peligro de creer en la unión monetaria y económica europea sin que fuera precedida por una unión política. Fue en el año 1971 cuando Europa tomaba medidas para responder al plan Nixon, que se debatía en las tribulaciones del sistema de cambios que nació en Bretton Woods, un economista de Cambrige, el profesor Kaldor, nos advirtió que era peligroso hacer la unión monetaria y económica antes que la política. Decía el profesor, y el tiempo le ha dado la razón, que el control de los presupuestos nacionales generarían presiones que pondría en peligro el conjunto del sistema y que, en vez de apoyar la unión, la dificultarían. Es lo que está ocurriendo.

Lamentablemente esa visión de Kaldor no fue tenida en cuenta y se impuso el oficialismo creador de la unidad económica y monetaria. Maastricht fue un imperfecto tratado de cómo no se tiene que hacer una federación, como se puede confirmar en el magnífico ensayo de Pisani-Ferry. Fuimos arrastrados por la gigantesca ola que se alimentó desde Wall Street con apoyo de Francia y Alemania, muy interesadas en ampliar su entusiasta colaboración.

Nadie pone hoy en duda que el crecimiento de la UE fue producto de los excedentes privados que, guiados por una banca descontrolada, impulsaron las aventuras más alocadas que cualquier inversor pueda pensar. Soñaron, se enriquecieron con comisiones, invirtieron  lo que no era suyo y llevaron a la eurozona al desastre. Ahora se pretende que los que tenían avidez por recibir sean los que paguen los excesos de los imprudentes jugadores del casino financiero de aquellos años.

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La Universidad es fuente de riqueza para la sociedad en tanto que potencia el capital humano. Y para conseguir sus objetivos de eficiencia deben desarrollarse modelos de gestión contables que permitan calcular efectivamente sus costes y recursos

Una lección magistral nos ha dejado el profesor Lizcano en su reciente discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, en el que aborda la importancia de la información económica, su necesidad para la mejora de la eficiencia y de la transparencia, tanto del sistema empresarial como de las instituciones públicas. La transparencia social y económica son los pilares que soportan el buen funcionamiento de una sociedad moderna, sin los que no se puede funcionar en democracia, que nos aleja de los objetivos de equidad social, precisamente porque una buena información a la sociedad evita los efectos perniciosos de la corrupción.

La ciencia, dice el profesor Lizcano, es esencial para que el progreso humano consolide el bienestar social. La faceta política de la contabilidad aplicada al coste de las universidades es un elemento clave para la transparencia, dado que el mundo académico debe ser un ejemplo de gestión. Un espejo en donde poder mirarse. Debe ser un impulso para medir los niveles de eficiencia que se traducen, fundamentalmente, en los ‘outputs’ relacionados con la formación y la investigación.

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