Transparencia, presupuesto y gasto público

UNA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA PARA UN ESCENARIO NUEVO

Por una política económica que identifique los espacios comunes de la izquierda

Las elecciones generales del pasado 20 de diciembre han arrojado unos resultados inéditos en nuestra última etapa democrática. Ningún partido posee por sí solo una mayoría suficiente para formar gobierno, lo cual no significa que no existan mayorías. Se trata de un escenario habitual en los países de nuestro entorno y no tiene por qué implicar formaciones de gobierno menos satisfactorias que otras a las que estamos más acostumbrados. Todo lo contrario.

Como ejemplo basta la última legislatura, en la que el Partido Popular, con mayoría absoluta parlamentaria y por tanto en circunstancia de gran estabilidad política interna, ha realizado una negativa gestión de gobierno que ha producido una verdadera involución económica y social en España. Su apuesta por la austeridad y la devaluación salarial no sólo no ha conseguido corregir los desequilibrios económicos y sociales, sino que los ha ahondado.

España es hoy un país con una deuda pública que ronda el 100% del PIB, el déficit público combinado de la Administración General del Estado y de la Seguridad Social es superior al de 2011, los salarios se han reducido de manera especialmente aguda entre el 30% de la población con menores ingresos, el nivel de empleo es inferior al del inicio de la legislatura y el paro se ha vuelto más crónico, se ha reducido el grado de protección de los desempleados, se ha extendido la precariedad laboral y, como resultado, se han incrementado drásticamente la desigualdad y la pobreza. En definitiva, la recuperación de la actividad y el empleo registrados no han permitido que se supere la degradación social provocada por la política económica. La mejora del cuadro macroeconómico de España, compatible con la persistencia del deterioro social, es la mejor prueba de la naturaleza regresiva de la política económica seguidapara superar la crisis.

Es a esta situación a la que han respondido los ciudadanos en las elecciones. Frente a una mayoría absoluta en la pasada legislatura que ha generado una tremenda zozobra para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, los comicios han dado como resultado una nueva mayoría plural y progresista, cuya prioridad no puede ser otra que la corrección de los errores que han caracterizado la legislatura acabada.

Estamos firmemente convencidos de que, más allá de la complejidad de la estructura parlamentaria surgida de los comicios, sus resultados abren la puerta a un nuevo ciclo político que debe servir para realizar un giro sustantivo en nuestra política económica y social, orientado a un crecimiento sostenible y equilibrado, a la creación de empleo de calidad y con derechos y a la recuperación de la protección y la cohesión social. Si los equilibrios parlamentarios lo permiten, la responsabilidad de todos no debiera ser eludida.

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La imperiosa reindustrialización que necesita España tropieza con un doble obstáculo: la escasa inversión en investigación y la nula coordinación entre las distintas comunidades autónomas, cada una de las cuales hace ‘la guerra por su cuenta’ en materia de I+D+i. Por otra parte, la gestión de las instituciones centrales introduce duplicidades y más desconexión. A la postre, el problema es que los gestores de programas de I+D+i de otras comunidades  no colaboran con el resto y que los recursos de la Administración Central no se vuelcan en incentivar esa colaboración para favorecer economías de escala dentro de la especialización regional.

Entre las autonomías españolas, el modelo de Euskadi es más equilibrado. A partir de iniciativas como Tecnalia, que están al nivel de los modelos alemán o los países nórdicos, o impulsando alianzas entre centros tecnológicos de investigación, a través IK4, el País Vasco ha desarrollado un modelo completo que prolonga y enlaza con una red de universidades (UPV, Deusto, Mondragón, Tecnun) que actúan como centros de producción de conocimiento. Sin embargo, como señala Guillermo Dorronsoro, decano de Deusto Business School, “el nivel de recursos dedicados por Euskadi a la investigación de carácter más básico es comparativamente escaso”. Y así es, efectivamente, si tenemos en cuenta que en España invertimos un 1,24% del PIB, cuando en Alemania es 2,94%, EEUU 2,81%, Israel 3,93% o Corea del Sur (4,04%).

Pero hay otra comparación más expresiva aún de nuestras carencias: el hecho de que ni el País Vasco (2,09% de su PIB) ni Cataluña (1,51%) dedica a políticas de innovación el nivel medio de la vecina Francia (2,23%). O sea que ni siquiera nuestros territorios aventajados, nuestros referentes industriales, están al nivel promedio de las regiones francesas ¿Cuál es la razón de ese fracaso? ¿Es algo singular de esas comunidades gobernadas en buena parte de los últimos 30 años por formaciones nacionalistas? ¿Es parte y consecuencia de la carencia de un diseño de reindustrialización?

Esa ineficiencia está conectada con nuestro modelo territorial, que en las políticas de innovación se comporta como un híbrido confuso que bascula entre un sistema centralizado (con aportaciones de casi 4.000 millones de euros de la administración central) y otro descentralizado, con 17 sistemas autonómicos que operan desde sus propias instituciones y planes específicos que aportan otros 2.150 millones de euros a I+D+i. ¿Es eficiente, por ejemplo, que la Administración Central destine 640 millones de euros a deducciones en el Impuesto de Sociedades por actividades genéricas asociadas a I+D+i, cuando los inspectores de Hacienda avisan de que son meros trucos contables para acceder a las desgravaciones?

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El desarrollo de nuestras sociedades se produce con interacciones sociales complejas en sus entornos, y una de las características de la sociedad global que vivimos es por un lado su universalización y por otro su individualización. Individuos y masa social, son los dos polos de una sociedad que no encuentra su fórmula de integración. La pregunta que debemos hacernos es ¿Por qué?

¿Será por las desventajas de los entornos sociales que hemos creado en la convivencia de nuestras ciudades en donde la  delicada interacción con los entes sociales  no tienen una solución adecuada?;

Tendríamos que examinar no sólo la biografía individual de nuestra juventud local, sino también su historia y el presente de su sociedad. Compararlo con los períodos en los que se produce con mayor intensidad la interacción entre las tendencias individuales, las adquisiciones psicosociales, las metas socialmente disponibles, las fortalezas y desventajas del entorno, los fracasos de la búsqueda de su futuro, el desencanto ante sus salidas para un primer empleo.  Es la indignación de no conseguir su encaje a pesar de que ha hecho un esfuerzo por acumular un capital humano, y no encontrar una salida. La falta de políticas de movilidad intercomunitaria, y la ausencia de proyectos de desarrollo local en donde todos los factores se impliquen en poner los medios en coordinar un desarrollo compartido.

La globalización ha influido en que los adolescentes se encuentren expuestos a influencias multiculturales que los han envuelto en sus vidas sin comprenderlo adecuadamente. Ello ha roto la homogeneidad de las culturas y, por consiguiente, ha creado una inmovilidad de los roles, principalmente al no permitir procesos de transición racionales hacia lo que entendemos por emancipación y autonomía de la vida adulta. Se han redefinido los patrones de consumo y agudizado las diferencias en el acceso de oportunidades y en las condiciones de vida entre los grupos que disfrutan de ventajas socioeconómicas y aquellos que no tienen los bienes mínimos de subsistencia. Las diversas juventudes, son donde más claramente se empieza a diferenciarse las desigualdades y se desarrollan los diferentes grados de vulnerabilidad y exclusión.

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El Día Internacional de la Transparencia -28 de septiembre-  debe constituir un compromiso colectivo por conquistar el derecho a saber, una aspiración constitucional que encuentra muchas dificultades para convertirse en  realidad en la vida pública y social.  Es un reto que como presidente del Consejo de la Transparencia he asumido, pero tendremos una sociedad más transparente, si ese reto lo compartimos con toda la sociedad y además, la ciudadanía de esta Región se convierte en sujeto activo para exigir que sus instituciones sean transparentes y sus representantes ejerzan sus funciones con democracia de decisiones y democracia de conductas.

He caminado conjuntamente con ciudadanos e instituciones, tanto públicas como privadas, para que la transparencia, la participación y la rendición de cuentas sean una práctica en nuestra vida democrática. Buscando esa savia que surge de las entrañas del pueblo expresando su deseo de un cambio profundo en sus instituciones públicas. Nos encontramos con  muchos  obstáculos para conseguirlo y algunos se manifiestan en las propias leyes que nos regulan, tanto en el ámbito regional como en el estatal. Deseo que nuestra ordenación jurídica sea un fiel reflejo de las normas internacionales, para lo cual debemos impulsar aquellas reformas que salven las diferencias. Es evidente que cuesta romper la tiranía de la burocracia, pero la ciudadanía tiene que librarse de esa losa ineficaz y convertir la Función Pública en una  aliada para su desarrollo social.

Es cierto que la transparencia y el derecho a la información están entrelazados y que en principio podría pensarse que son las dos caras de una misma moneda, sin embargo no se trata de dos conceptos confluyentes sino paralelos. El derecho de acceso a la información pública garantiza la transparencia y posibilita profundizar en la democracia, pero no existe una relación inversa porque la mera transparencia no amplía los derechos de los ciudadanos ni, por tanto, nos lleva a una democracia más avanzada. La transparencia, por sí sola, puede suponer una suerte de despotismo ilustrado si no se acompaña del auténtico derecho del ciudadano, el sujeto universal, a tener acceso a la información pública. En nuestra sociedad se puede apreciar un importante esfuerzo en materia de transparencia como medio para mejorar la calidad de los servicios, pero estamos lejos de ver fortalecidos los derechos fundamentales de los ciudadanos en esta materia.

Me sumo a los que defienden la Transparencia como un derecho humano fundamental, de carácter constitucional, que tiene su origen en las libertades informativas, tal y como confirma  el Convenio 205 del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos (18/6/ 2009) que en su exposición de motivos dice que el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de las autoridades públicas, ayudando así a que se reafirme su legitimidad.

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Autoridades, representantes de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad murciana, queridos amigos. Es para mí un honor asumir la responsabilidad de impulsar la Transparencia en la vida pública y social de esta región. Un honor, repito, pero también un reto. Y ya adelanto: un reto que no rehuiré.

He caminado conjuntamente con ciudadanos e instituciones, tanto públicas como privadas, para que la transparencia, la participación y la rendición de cuentas sean una práctica en nuestra vida democrática. Y hago hincapié en vida democrática. VIDA: Ese flujo permanente que surge de las entrañas del pueblo expresando su deseo de un cambio profundo en sus instituciones públicas. Y al asumir este compromiso quiero convertir ese deseo en  realidad, aun siendo consciente de las carencias y contradicciones  existentes.

Porque en el camino de la transparencia y del buen gobierno aparecen obstáculos, a veces muros, que hay que derribar para que la ética en la función pública penetre sin mayores dificultades. Pero nos encontramos con que muchos de esos obstáculos se manifiestan en las propias leyes que nos regulan, tanto en el ámbito regional como en el estatal.

Hemos esperado demasiado tiempo el nacimiento de nuestra Ley de Transparencia y esa tardanza ha hecho que naciera ya vieja para los tiempos que vivimos. Hoy, la participación ciudadana camina a un ritmo mayor del que se prevé en la Ley, que tiene demasiado carácter administrativo y olvida profundizar en la transparencia y en la participación, como derecho fundamental, de forma que conecte más directamente con el derecho a la información y el derecho a saber que consagra la CE en su artículo 20.1.

Aspiramos, por tanto, a que nuestra ordenación jurídica sea un fiel reflejo de las normas internacionales, para lo cual propondré al Consejo aquellas reformas que salven las diferencias. Es evidente que cuesta romper la tiranía de la burocracia, pero la ciudadanía tiene que librarse de esa losa ineficaz y convertir la Función Pública en una  aliada para su desarrollo social.

Continuar leyendoIntervención en la toma de posesión de la presidencia del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia