No se entiende

Queremos un sistema fiscal más equitativo, sin que el consumo y el trabajo tengan más presión

Lo que pasa en la Agencia Tributaria, no se entiende, y lo que dice o amenaza el ministro Montoro, es mejor no entenderlo. Las supuestas faltas de incumplimientos fiscales de algunos medios de comunicación y sus presuntas peticiones de gracia, no tienen ningún sentido, porque da la impresión que alguien intenta conseguir sin pasar por los procedimientos reglados de aplazamientos de deuda. Lo que se ha dicho en sede parlamentaria, es muy grave, porque da la impresión que el guardián tiene tendencia a “irse al baile”.
La Agencia Tributaria es un bastión esencial del sistema, y cuando ha fallado en otros países, se ha derrumbado el aparato del Estado de derecho. Ni podemos imaginarnos, ni debe ocurrir, que nadie entre en un despacho oficial, y menos al de un ministro de Hacienda, para pedirle un ilícito, aunque sea un mínimo aplazamiento, porque existen normas. Lo que está ocurriendo, y me cuesta aceptarlo, es que los lobby asaltan con facilidad a los “guardianes del tesoro”.

Por otro lado, las recientes normas publicadas en el BOE se entienden mal. Por ejemplo, en el Real Decreto-Ley 14/2013 de medidas urgentes…..para solvencia de las entidades financieras, donde regulan la capitalización del crédito de impuesto, se ha publicado sin conseguir uniformidad de criterios entre la Dirección General de Tributos, Economía y el Banco de España, porque quieren conseguir sin atreverse a decirlo con toda claridad, un apoyo al fortalecimiento los balances, pero sin que Bruselas lo califique de ayuda de Estado, como ha ocurrido con el fiasco del sector naval, que ahora hay que devolver a Bruselas las ayudas encubiertas. Capítulo aparte es el fiasco con el sector eléctrico y las energías renovables.

Las soluciones llegan por la vía de norma reglamentaria o de las denuncias, pero deberían haberse concebido de una forma más clara, más transparente y menos tortuosa. Otro ejemplo, la oscuridad en las negociaciones con la financiación del déficit de las CCAA, sin abordar un sistema más coherente, controlado y eficiente, y con las suficientes dosis de equidad y solidaridad. No se puede entender que un problema que está afectando a los servicios esenciales transferidos, no sea prioritario y se busque una solución. Y por eso no se entiende, que no impulsen con más entusiasmo la reforma del sistema fiscal, porque con tanta cirugía tributaria realizada por la puerta de urgencias, están destrozando las normas elementales de la ética tributaria que con tanta claridad puso de manifiesto el profesor Typke.
Se hace difícil entender la descoordinación que existe entre el IRPF, el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con una clarísima perdida de la visión de conjunto que debe exigirse que presida un sistema tributario, y que no se hayan dado pasos para delimitar el IVA y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y AJD, es otro ejemplo de la falta de racionalización del sistema. Existe un desbarajuste entre normas, consultas y resoluciones, que no se acometen con la cordura que se precisa. Además la capacidad normativa y de interpretación, unido al incremento de tipos impositivos por las CCAA, han complicado el panorama, y están convirtiendo a los tributos cedidos en “zombis” de un sistema tributario incoherente.
Otro ejemplo a mayor abundancia, es la guerra desatada por los impuestos a los depósitos bancarios, o los impuestos medioambientales, con una incoherencia por todos lados, vulnerando en muchas modificaciones un mínimo de los cálculos de los impactos, de los costes y los beneficios conseguidos, con una visión inmediata y corto placista de hacer caja. Tampoco es bueno, “llamar” a las empresas para forzar un ingreso a cuenta, aunque pidan la devolución posterior, porque no es serio cubrir el déficit con ingresos ficticios. Nos movemos en la dinámica de “burocracia, contra burocracia”, sin pararse a pensar que de trámites administrativos andamos sobrados.
No se entiende porque no hay más transparencia en el sistema, que el 82% de los ciudadanos, según el CIS, considere que en España existe demasiado fraude fiscal, y que el 52 % considere que todo el mundo engaña “algo” al pagar sus impuestos. La Comisión Europea ha estimado la economía sumergida en los Estados miembro (2012) y nos ha situado en el puesto 14 del ranking. Se palpa en las encuestas, el 76,6% de los ciudadanos piensan (2012) que son necesarios más recursos para luchar contra el fraude.
Es difícil entender, porque no se está trabajando en concentrar todos los cuerpos de inspección, en una sola Agencia Estatal, independiente, con poder delegado desde el Congreso, donde con autonomía se integren todos los cuerpos de inspección de todos los ministerios, tanto de tributos, como de la seguridad social, como de otras áreas. Pero además, no es sólo la integración funcionarial, deben integrarse las figuras impositivas, para dibujar un sistema tributario más integrado como recomienda el informe Mirrlees “Diseño de un sistema tributario óptimo”. Lo lógico, es que la Administración (todas) se acerquen al momento en el que se producen los incumplimientos y actúen cuando los infractores de las normas están con el problema entre as manos, porque el objetivo, tiene que ser sorprender a los incumplidores “con las manos en la masa del tráfico negro”, y no cuando han pasado por la “tintorería” y protegidos por sus letrados.
Solucionemos estos problemas, porque los ciudadanos estamos siendo muy tolerantes pero estamos llegando a un punto crucial: Queremos un sistema más equitativo, sin que el consumo (IVA) y la economía familiar, trabajo, tenga más presión, y eso sólo se consigue con una reforma en profundidad “del sistema”, porque el que tenemos está agotado en sus figuras y en su forma de gestionarlo. Lo que no se comprende es cómo no se ha cambiado.
José Molina Molina. Doctor en Economía, Sociólogo, Miembro de Economistas Frente a la Crisis y Miembro del Pacto por la Transparencia
Publicado en el Diario La Verdad (Murcia/España) el 26/12/2013