Manifestamos nuestra sorpresa por la decisión del Partido Popular de la Región de Murcia, presentando un texto alternativo a la proposición de Ley 30 sobre Transparencia en la región de Murcia formulada por el grupo socialista.
Nuestra preocupación se centra en la ruptura de un clima de unidad de todos los grupos en la búsqueda de una Administración más transparente y unos gestores públicos sometidos a un código ético.
Consideramos que la actuación del Grupo Popular, siendo legítima, es un despropósito político, y desde el Pacto por la Transparencia, llamamos a sus responsables para que escuchen y atiendan la opinión de los ciudadanos que desean solucionar este mal endémico (corrupción), con más lealtad a la democracia y un respeto a los principios de la ética.
No parece adecuado, que al deseo de más transparencia, se responda con una norma burocratizada, controlada desde el gobierno regional, y que no aporta la independencia que se precisa para implicar a los ciudadanos de esta región a participar en sus instituciones.
Desde los promotores del Pacto por la Transparencia, recordamos lo manifestado al Consejero de Presidencia y lo trasmitido en la Asamblea Regional en la comparecencia el 27 de junio de 2014: “Queremos una Transparencia activa”, con un objetivo, ser cada día más transparente, para lo que se precisa promover instrumentos más allá de los meramente administrativos, con una acción política de la ciudadanía y con una sensibilidad de los partidos políticos a las demandas ciudadanas. No se entiende, que imputados sigan en puestos públicos, tengan responsabilidad de gestión y nos representen en las instituciones. La presunción de inocencia, es un derecho, pero ampararse en la Constitución y el reconocimiento civil de no ser condenado hasta no ser juzgado, está cuestionando la honorabilidad de todo el sistema político, y que unos presuntos corruptos pongan al sistema político en el peor escalón de la opinión pública, no lo entiende la sociedad murciana, hay obligación de reaccionar, porque las conductas irregulares y los síntomas de corrupción son inentendibles por los ciudadanos.
Así mismo, queremos insistir, que la experiencia internacional y el sentido común, están señalando el camino de la participación ciudadana en la gestión de lo público, en el control y en la rendición de cuentas, como el mejor antídoto de las irregularidades, por eso pedimos al PP regional que recapacite, y porque es más honesto no hacer nada, que practicar la política del autoengaño.
No consideramos adecuado mezclar la legislación correspondiente al ámbito de la participación ciudadana, con aquella referente al derecho de acceso a la información pública y la transparencia.
Por todo ello, queremos resaltar las siguientes cuestiones:
1º Un texto sobre el desarrollo de la información, sin una estrategia general que mejore la calidad de la información del Gobierno y de la Administración Pública no es suficiente para solucionar la desafección ciudadana generada por los comportamientos de opacidad que se están viviendo.
2º Una ley de información pública siempre es un paso positivo, pero su estructura y funcionamiento, tal y como se propone, no incorporan a la ciudadanía activa deseosa de participar en el control de la información.
3º Lamentamos la ausencia de una referencia a los medios públicos de comunicación, para que en el futuro no estén controlados por los políticos que gobiernen, sino por ciudadanos independientes que representen a la sociedad civil y por los propios profesionales.
4º No se incorpora ninguna norma para que los ciudadanos controlen las subvenciones a la financiación regional y local de los partidos políticos y las organizaciones de ellos dependientes para evitar el clientelismo y la discrecionalidad.
5º No se toman medidas para revitalizar los Consejos Asesores y otras Instituciones similares, así como el control de los muy diferentes planes de actuación regional, sino que se crea más burocracia con nombramientos en el organigrama de la administración regional.
6º No se establece un sistema de arbitraje independiente que resuelva las discrepancias de su aplicación ni un mecanismo sancionador claro y razonable.
En conclusión: la enmienda a la totalidad del Grupo Popular nos parece inoportuna, ha roto el consenso, y deseamos que se recupere el buen hacer, del que fuimos testigos, en el trabajo que la Comisión de la Asamblea Regional venía realizando.
Murcia a 21 de octubre de 2014
