Tiene razón el Rector Orihuela al reclamar apoyo de la Comunidad Autónoma para la ciencia básica, esa que desarrolla conocimiento, sin que se condicionen como ayudas a la investigación aplicada. Y lo digo, puedo equivocarme, desde la experiencia propia de haber conocido cómo muchas veces los modelos de producción han alcanzado desarrollos importantes y han aumentado ingresos, aplicando y compartiendo “saber”, ese bien público por excelencia que no se transmite por mecanismos mercantilistas sino por el camino de las potencialidades del conocimiento para que progrese el capital humano.
En este momento y para salir de la crisis, la Región de Murcia necesita apostar por el capital humano y por el conocimiento. La profundización global de la investigación nos abrirá nuevas salidas, nuevas oportunidades. Por desgracia estamos demasiado cerrados y dejamos siempre para después el compromiso de las transformaciones. Se pide seguridad sin pensar que la difusión del conocimiento tiene que ser libre y participativa para permitir la convergencia en nuevas instituciones. ¿Cuáles? Las que el conocimiento de la ciencia básica nos señale, porque hay que confiar en que esa línea de evolución, la del conocimiento como bien público por excelencia, es la que nos llevará a superar las desigualdades.
Y al mismo tiempo, tendremos que preguntarnos si nuestros políticos creen en los bienes públicos. Tenemos dudas razonables de que no. Estamos pasando desde hace años por una fiebre privatizadora y, de no cortar a tiempo esta tendencia, no supondrá solo la importante pérdida de patrimonio público, es que cada vez que privatizamos algo se crea más desigualdad, tal y como nos lo van confirmando los hechos.
Los bienes públicos tienen un componente distributivo en el que juega su papel la economía pública. En teoría, los recursos públicos promocionan equidad social para cumplir unos mínimos de justicia distributiva. Amartya Sen, define esa distribución como “el bienestar social a partir de las capacidades básicas de los individuos para desarrollar su libertad”, y hay que resaltar que las fusiones de bienestar social siguen siendo útiles para reflexionar sobre políticas públicas.
En este sentido cabe resaltar la inquietud que desde la Universidad se vive para cambiar las cosas, pero no hay cambios si no se tienen los medios para llevarlos a efecto. Además el cambio debe ser participativo porque no serviría de mucho una propuesta unilateral desde el Gobierno regional. Lo han pedido los dos rectores en la Asamblea Regional, y debe iniciarse un proceso, como se ha realizado en otras comunidades autónomas, donde los “planes plurianuales de financiación” son un escenario de desarrollo de un proyecto compartido, sin incurrir en las recetas de mínimos. Son los valores básicos, bien determinados, compartidos, con objetivos alcanzables y avanzando por el camino de la excelencia las cuestiones que determinaran si las decisiones adoptadas son buenas o no. Y eso solo se sabe negociando un plan de futuro que estabilice los recursos de la Universidad.
No se puede ver con ojos de imparcialidad, por ejemplo, el trato singular que recibe la universidad privada frente a la pública. Y esa desviación de financiación del presupuesto público a la actividad privada es un trato desigual que condiciona las economías medias familiares en la formación del capital humano de sus hijos.
De ahí que pida con insistencia más transparencia económica y más democracia participativa. Quizás porque la experiencia me ha enseñado que hay que apostar por una gobernanza democrática que dé participación en las decisiones. Y es que la confianza necesaria para conseguir el ‘bien público por excelencia’ no puede alcanzarse de otra manera.
José Molina Molina. Doctor en Economía, Sociólogo y Miembro de Economistas Frente a la Crisis. Publicado en el Diario La Verdad 1/2/2015
