Hoy día vivimos situaciones de desigualdad de muy diferentes formas, unas son de tipo social, otras económicas, culturales, de movilidad, o de tantas y diferentes manifestaciones que impiden un equilibrio en la vida de los ciudadanos, rompiendo la igualdad de oportunidades, y alterando la convivencia social alejándonos del progreso.
Esta situación nos sitúa ante los líderes de la política con un posicionamiento crítico, porque tenemos que escuchar sus propuestas y ver las que van a influir de mejor forma en esa lucha contra la desigualdad. Además, cómo piensan financiarlas, y comparar las que ofrecen cada partido político, para de ese examen, poder sacar conclusiones de a quién votar, y para ello hay que debatir. Los políticos tienen que debatir mucho más con la ciudadanía, porque recibir mensajes, sin que podamos preguntar, es un ejercicio ya experimentado que nos ha conducido a una democracia enmudecida.
Hay quien piensa, que estos debates son un mal trago, pero el mal trago, es lo que llevamos pasando, con tanto escándalo, despilfarro de lo público y un listado interminable de políticos imputados, algunos hasta con sus familiares. Ya no podemos confiar en quienes no pasen por la prueba del debate abierto y democrático. Nos gustaría examinar a todos, pero los que dominan las altas instituciones, entran y salen por conductos poco democráticos, por eso tenemos que reforzar la selección con los líderes de proximidad.
Estamos en tiempos de preguntar y recibir respuestas bien claras, porque el problema de las desigualdades en los Estados modernos se elimina gestionando eficientemente los servicios públicos, porque la redistribución moderna se edifica en torno a una lógica de derechos y a un principio de igualdad de acceso a los bienes considerados como fundamentales. En países como Alemania, Francia, Italia, RU, o Suecia, los debates en torno al Estado Social del futuro se realizan sobre cuestiones de cómo organizar los servicios públicos, su modernización, su forma de garantizar la consolidación, cómo relacionar el gasto con los ingresos públicos, es decir, lo que se debate, es cómo mejorar el funcionamiento de los hospitales, o de las guarderías, del transporte, de la educación, pero nunca cómo cerrarlos o venderlos al capital privado.
Se discute, por ejemplo, cómo organizar los turnos médicos, no eliminar plazas de facultativos. Cómo compaginar las edades de jubilación con las demandas de empleo juvenil, y tantas cuestiones que nos plantea la vida cotidiana de los ciudadanos en sus ciudades, que según se solucionen de una forma u otra, nos condicionará el futuro. Se revisa para mejorar, para incrementar eficiencia, pero ese proceso de revisión es una mejora para caminar hacia una función de excelencia, no para aplicar el recorte como sistema. La política de recortes, es el ejercicio de una pereza mental y la declaración pública de incapacidad del gestor público.
Hay que alertar de ese conservadurismo peligroso, en donde nos quieren someter jurídica y socialmente desde la reforma del artículo 135 de la Constitución, con las limitaciones intransigentes de los niveles de gasto y de endeudamiento, forzando una regresión democrática, porque impide muchas políticas de apoyo para salir de la crisis. Este debate no se puede impedir que los ciudadanos lo tengan directamente con sus políticos de proximidad. Es una apuesta por una gobernanza más abierta, más democrática y de participación en las decisiones. Porque no podemos perder de vista que tenemos que dar pasos en el camino de las libertades para retomar el control de los mercados, que nos han impuesto un modelo de desigualdades, que es contrario a los Derechos Universales por los que las sociedades democráticas tanto han luchado.
José Molina Molina. Doctor en Economía, Sociólogo y Miembro de Economistas Frente a la Crisis.
Publicado en Noroeste (23/3/2015) y en Nueva Tribuna el 23/3/2015)