Gobiernos abiertos
La sombra de Martín Lutero, después de 500 años, nos puede recordar que una sociedad no soporta indefinidamente que sus instituciones caminen retrasadas de los deseos de sus ciudadanos. Cuando sus gobernantes se sumergen en estériles discusiones surgen los intentos de ‘reforma’ y las más radicales propuestas de ruptura. El diario ‘The Guardian’ así lo ponía de relieve no hace mucho, a cuenta de un manifiesto rebelde en las puertas de la London School of Economics al grito de ‘¡Bienvenidos herejes!’, como un grito de indignación y rechazo a la desigualdad estructural en que vivimos.
Han pasado los años y seguimos preguntándonos ¿por qué ese temor a los cambios sociales? La historia nos demuestra que todo tiene un principio y un fin, y no hay ciclos en la historia que sean eternos. Sin embargo, hasta que se produce el derrumbe no nos enteramos de que los barbaros están a las puertas de la ‘vieja Roma’. Serán posiblemente las tecnologías globalizadas las que como drones que vuelan sobre nuestras mentes nos alerten de dicha presencia. La función pública que gestionan nuestros gobernantes, han de ser conscientes de que las TICs promueven un camino sin retorno y que la inteligencia artificial compartida derribará la burocracia existente.
Un sistema político más inteligente que aquello que tiene que regular nos conducirá a gobiernos abiertos, parlamentos abiertos y, en general, unas instituciones con valores, controles y una gestión compartida con la ciudadanía. Mientras esto no suceda, caminaremos con la lentitud y la pesadez existente y no alcanzaremos la legitimación colectiva porque las decisiones no responderán a las necesidades. Y son precisamente esos nuevos conceptos los que constituyen una cadena que sustituye a la burocracia, clientelismo, corrupción y despilfarro. La CNMC lo ha puesto en evidencia en un documento (2015) sobre la ‘Contratación pública y competencia’, donde afirma que el sobre coste por prácticas fraudulentas en la contratación pública supone aproximadamente un 25% de los 200.000 millones de euros que cada año se destinan a licitaciones con cargo al Estado.
La presión social en la demanda de unos derechos se debe hacer bidireccional, pidiendo que se doten y señalando dónde tenemos un problema que nos impide su financiación. El equilibrio financiero en los presupuestos públicos es posible, y debe conseguirse sin disminuir el gasto destinado a los servicios públicos que garantizan la igualdad de oportunidades. El modelo sostenible es el que impide el abuso y la desviación de poder, y fomenta nuevos valores para impedir obtener beneficios ilegítimos. El Parlamento europeo, en resolución del año 2010, llamaba la atención sobre los efectos desbastadores de la corrupción en términos de inflación de costes, adquisición de equipos innecesarios, inadecuados o de calidad inferior en términos genéricos. La corrupción está pivotando en muchos casos en decisiones claras de abuso de poder, en información privilegiada, en convenios ocultos, en decisiones arbitrarias, en connivencia con actores económicos, o en ilícitos propios o de terceros. Al final estamos como hace 500 años, son los ‘secretos del soberano’ lo que se conocía como ‘arcana imperii’ que otorgaba poder y que era ejercido ‘feudalmente’ para enriquecimiento, unas veces económico, otras con concesiones de servicios o con nombramientos. Un sistema secular que se ha enquistado en la democracia y que está impidiendo que los derechos y las libertades se desarrollen en plenitud. Y lo más grave, es que ese virus está atacando de tal manera al sistema que hay síntomas de un síndrome de fatiga de una democracia marcada por el patriarcalismo heredado y que se mantiene a flote porque hay una tripulación deslizante que equilibra el peso del barco para que no se hunda.
La apuesta de los gobiernos abiertos que Obama impulsó en su proyecto de ‘Open Government Parthership’ (Alianza del Gobierno Abierto) a la que España está adherida desde 2011 antes de nuestras leyes de Transparencia, es donde se construyen el desarrollo de los derechos universales de transparencia, participación y rendición de cuentas, para que ciudadanía y los sectores económicos, públicos y privados, desarrollen una administración de lo público participativa y eficiente. Es la moralización y confianza en las instituciones que con tanto énfasis se piden.
