Una gobernanza abierta y participativa

Una gobernanza abierta y participativa
José Molina Molina
Doctor en Economía, Sociólogo y Auditor, Miembro del Pacto por la Transparencia
En estos tiempos de injusta incertidumbre y de desenfrenada privatización de casi todo,
incluso de algunos sueños, emerge con fuerza y con proyección de futuro la idea de administrar lo
común en gestión abierta y compartida con los ciudadanos, y cada vez es más necesaria esa nueva
vertebración de nuestra sociedad a través de un gobierno abierto, un escenario fundamental para la
participación activa de los ciudadanos por el bienestar común, y podemos afirmar, siguiendo a
Gudeman, que se precisa de ciudadanos comprometidos controladores de la gestión de los derechos
y bienes de la comunidad. Es ir pasando del sistema de democracia representativa hacia otro
modelo de democracia participativa, con el objetivo final de una mejora en la calidad de vida de sus
habitantes. Aunque esta idea aparece ya en la Ilustración, ha adquirido un protagonismo notable al
incorporarse en la, agenda de gobierno del presidente Obama y al desarrollarse en gobiernos de
distintas administraciones en muchos países.
Los distintos modelos de gestión de las burocracias públicas no han respondido a las
necesidades de la sociedad. ¿De verdad es factible “gestionar” el caos económico actual, la
incertidumbre y la perplejidad de nuestras sociedades? Hasta ahora no ha dado resultado y
seguimos a la espera de la Gran Reforma de la Administración Pública para cumplir ese objetivo.
Necesitamos de una administración abierta, que entable una constante conversación con los
ciudadanos con el fin de escuchar lo que dicen y solicitan para que las decisiones de cobertura de
sus necesidades estén basadas en sus preferencias. Ello implica, ineludiblemente, cambios en la
gestión pública: en su cultura, en los procesos,en la organización, en las formas de relación entre
ciudadanos y funcionarios,así como entre las AAPP.
Sin embargo, difícilmente se puede conseguir de manera aceptable este conjunto de
cambios sin vincularlos a una necesaria Transparencia. En este sentido, emergen iniciativas
ciudadanas como es el caso del Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno en la Región de
Murcia donde se promueven 22 medidas en función de cinco grandes postulados:
• “Queremos saber”. Los ciudadanos necesitan acceder a toda aquella información que les
permita conocer y juzgar la actividad de las diferentes instituciones públicas.
• “Queremos tomar parte”. Participar e influir en la toma de decisiones públicas si al final
tenemos que responsabilizarnos de las mismas.
• “Queremos contribuir a la mejora de los servicios públicos”.
• “Queremos conocer el impacto real de las actuaciones públicas”. Cuál es el efecto real que
determinados planes públicos de actuación están teniendo sobre aquellas realidades sociales
a las que se dirigen.
• “Queremos un control externo en las instituciones públicas con capacidad de reacción
efectiva ante las anomalías o las quejas externas”.

La crisis del sistema unida a la Gran Recesión actual, nos debe impulsar a cambios en
nuestras instituciones públicas que rompan con la tradicional opacidad de su funcionamiento y
pongan a los ciudadanos en el centro de su actividad, para mejorar la calidad democrática. Desde
hace unos años organismos internacionales como la OCDE, el Consejo de Europa o la propia
Unión Europea, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los gobiernos democráticos está
impulsando estas medidas. Ya hay múltiples experiencias en marcha en otros países e incluso en
algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. El Grupo “economistas frente a la crisis” del
que soy miembro, también lo defendemos.

Medidas para una participación ciudadana y mejorar la transparencia:
• Una Ley regional de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública.
El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental y así lo reconoce la CE,
que fija sus únicos límites. Todas las personas tienen el derecho de solicitar toda la
información a todas las administraciones e instituciones públicas sin tener que explicar
para qué quieren la información o qué uso van a dar a la misma y tienen el derecho de
recibir una respuesta en un plazo breve y en un formato claro y comprensible. Entre otras
medidas, esta ley deberá exigir que los presupuestos públicos se divulguen de forma
gratuita por Internet, incluyendo su proceso de elaboración, aprobación, ejecución y
liquidación, así como el de las sociedades públicas y participadas dependientes de las
Administraciones. Se analizarán las desviaciones entre lo aprobado y ejecutado, la
liquidación final y las de cada organismo. También el endeudamiento real, los
compromisos contraídos a largo plazo, así como su inventario. Acompañándola de una
memoria de gestión con indicadores que evalúen la eficacia y la eficiencia de los recursos
empleados.
• No es el “acceso” a la información lo que hay que regular, es la información en sí misma.
El problema, no es la información de los resultados, sino conocer desde su inicio el
proceso, cada paso administrativo integro y en tiempo real. Este cambio debería imponer
que todo aquel expediente que no haya sido colgado en la red para su publicidad y
seguimiento por la ciudadanía, no pueda ser autorizado en pago por la intervención, así de
sencillo y así de transparente. ¿Les parece bien? Pues eso es transparencia, lo demás es no
fiarse de los ciudadanos.
• Una Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, que debe regular las campañas
institucionales de publicidad y de comunicación realizadas por las administraciones
públicas de la región prohibirá las campañas que tengan como finalidad destacar los logros
o los objetivos alcanzados por las mismas.
• Registro público de subvenciones para control de todas las subvenciones concedidas, sin
excepciones, con sus correspondientes cantidades y referencia nominativa de todo tipo de
sujetos, que se actualizará al menos anualmente.
• Mecanismos de transparencia en toda la contratación pública. Para identificar la actividad
de gobierno más vulnerable a la corrupción, de forma que la transparencia y la rendición
de cuentas se consideran como condiciones clave para la promoción de la integridad y la
prevención de la corrupción, eliminando las “zonas oscuras” y la discrecionalidad. Se
creará el Registro Público de Contrataciones para que cualquier ciudadano pueda consultar
todos los contratos realizados por el gobierno municipal, los organismos autónomos y las
sociedades públicas regionales y las empresas adjudicatarias
• Simplificación de trámites administrativos y extensión de la e-administración, es un paso
mucho más eficaz que la denominada “ventanilla única”.
• Una Ley regional de transparencia en la financiación de los partidos y las campañas
electorales. Este ámbito sigue siendo uno de los más problemáticos y opacos en nuestro
sistema democrático.
• Una Ley regional de transparencia en la financiación de los agentes sociales. Las
organizaciones empresariales y sindicales que reciban financiación pública estarán
igualmente obligadas a ofrecer una información pública rigurosa y detallada tanto de sus
cuentas anuales como de los procesos electorales que lleven a cabo, incluyendo un
inventario de su patrimonio y sus deudas.
• Aplicación rigurosa del régimen de incompatibilidades de funcionarios y autoridades
públicas. Pese a la existencia de abundante legislación en este tema, seguimos presenciando
con excesiva frecuencia que los intereses particulares de determinadas autoridades,
funcionarios y empleados públicos se imponen sobre el interés general.
• La participación activa de los ciudadanos ha de convertirse en el eje de una nueva
administración local y regional. Acciones para revitalización de Consejos de
Participación.Estos órganos de participación en las políticas sectoriales regionales y locales
deben revitalizarse y eliminar su burocratización para salir de su vida lánguida cuando no
inactiva. El objetivo es su transformación en instrumentos de mejora de la participación
ciudadana y la rendición de cuentas.

• Reforma de la Ley Electoral: debe mejoraren el respeto del principio de listas abiertas y la
igualdad del valor del voto a nivel regional, para enriquecer la vida democrática.
• Los Presupuestos participativos: están demostrando en las Administraciones públicas que
lo aplican que son un proceso social y políticamente muy dinámico, revitalizador de la
democracia y compatible con las técnicas presupuestarias de la contabilidad pública. Es
una forma de compartir decisiones de inversión o gasto en las Haciendas Locales con
criterios de equidad e integración social, impulsando la eficiencia en la gestión, la
transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano. Impulsar la participación ciudadana
en la elección de prioridades, es un método eficaz para gestionar el gasto público
especialmente en momentos de escasez por la crisis. Su implantación es respuesta de la
voluntad política, iniciando el proyecto de participación con un porcentaje de las
inversiones o gastos para que los ciudadanos los prioricen, asumiendo sus decisiones en
los presupuestos generales municipales. Todo ello con el apoyo de una “oficina
presupuestaria independiente”, que sirva de vehículo de información, control,
transparencia y rendición de cuentas, para dar consistencia a su funcionamiento.
• La obligatoriedad de evaluación de las políticas y los planes públicos son esenciales para
una administración eficaz y eficiente. Realización de Memorias de Rendición de Cuentas
en todos los Planes municipales.
• Creación de Oficinas presupuestarias en los Ayuntamientos y en el Gobierno Regional:
estas Oficinas del Presupuesto controlarán la ejecución y las decisiones presupuestarias,
expondrán en tiempo real su evolución y pondrán toda esta información a disposición de
cualquier ciudadano. Esta Oficina del Presupuesto, estará dirigida por un profesional
cualificado en la materia, funcionario, nombrado a propuesta de los grupos de la minoría,
los que no gobiernan, y su nombramiento se realizará por el Consistorio en pleno/
Asamblea Regional. Se podrá rechazar la propuesta, hasta que se acepte el candidato. El
nombramiento es por la duración del mandato, cuatro años y contará con los medios
adecuados para cumplir sus funciones de control del presupuesto.
Necesitamos saber, acceder a la información que soporta las decisiones de la gestión
pública, para conocerla y valorarla y hacerla accesible a los ciudadanos. Es lamentable que sea la
noticia más o menos escandalosa, la que de a conocer los hechos y no una información que se
obtenga por medios normales de los registros públicos. Es una vergüenza, contemplar cómo
organismos públicos, niegan a otros las peticiones de información sobre expedientes y obstaculizan
una labor de colaboración y la convierten en una guerra entre administraciones. ¡No se comprende!
No se comprende esa concepción del ciudadano, como menor de “edad”, y se le niegue al acceso a
la información, por el “mal uso” que se pueda hacer de ella, cuando la opacidad reinante es el
motivo de los mayores escándalos. Necesitamos conocer la información previa a todo acto
administrativo, porque es el momento procesal, donde la ciudadanía puede colaborar mejor para
que no se cometa ningún atropello al buen gobierno y la ética. La participación ciudadana en la
gestión del gasto público, puede ser una nuevaliberación orientándola hacia la participación, la solidaridad,
transparenciay rendición de cuentas, porque el reto del siglo XXI es convertir al ciudadano en eje del
sistema.Por último:
¿Cooperarán los ciudadanos? Para Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía, hay tres
niveles que afectan las decisiones que toma una persona para cooperar en una situación de
agrupación común: su identidad, el contexto grupal en el que toman decisiones, y si la situación se
repite y si se puede usar la reciprocidad para ganarse la reputación de ser confiable. Es necesario que
la democracia recupere las políticas sustantivas que defienden la persona y su hábitat, frente a la opresión de los monopolios, y conseguir unas estructuras solidarias, más federadas y sostenibles, para que la crisis de hoy, de paso a un sistema público de gestión más coherente.

Conferencia en el Foro Jara Carrillo. Colegio de Arquitectos de Murcia. 31 mayo de 2012

Ver video de la conferencia:

www.youtube.com/watch?v=Goo7yhED_gs…plcp          19 Jul 2012 – 27 min