El control democrático no puede quedar en manos de los que, a la vez, son sus protagonistas. La batalla por la democracia es hoy, como siempre, una batalla sobre el control
La corrupción ha irrumpido como un factor de tensión en la realidad de la crisis económica. Al día de hoy, todos los medios de comunicación han dedicado amplios espacios debatiendo su realidad, efectos y propuestas para sanear la vida política y la sociedad, sin embargo el problema está tan enquistado que no todos los problemas se derivan del mal funcionamiento del sistema de partidos políticos. Es evidente que los políticos lo han situado en el pedestal de la inmoralidad pública, pero a la ausencia de la ética individual hay que añadirle la estructural.
Si analizamos las denuncias, críticas y propuestas que han surgido en los debates, encuestas de opinión y reportajes, se insiste poco en los efectos que tiene la degeneración burocrática, la falta de transparencia de la Administración pública y la ausencia de posibilitar las prácticas de gobierno abierto a los ciudadanos. Estos tres efectos configuran una estructura que envuelve en la opacidad a la vida política, la cual es percibida por los ciudadanos como un sistema autoritario, producto de otras épocas, que no se ha erradicado con la democracia representativa porque la representación política se ha delegado sin control, sin practicar una rendición de cuentas. Pasar por las urnas se ha convertido en el jubileo donde periódicamente se perdonan los atropellos cometidos.
Hay motivos para pensar que la democracia constitucional está expuesta a constantes manipulaciones por las deformaciones de la representación política, y es aquí donde entra en juego la permisividad de la burocratización del Estado moderno. La élite funcionarial tiene secuestrada a la estructura que gestiona la vida administrativa pública, la cual impide que el ciudadano halle equilibrio en sus muchas y difíciles obligaciones, además de sufrir múltiples dificultades para el ejercicio de sus derechos.
La captura del Estado se describe como el hecho de que personas con influencia desde dentro, los “nuevos caballos de Troya”, apoyados desde fuera por las grandes y poderosas empresas o desde los influyentes despachos profesionales, sin olvidar las Fundaciones de carácter ideológico, dominan e impiden la modernización democrática de las estructuras públicas. Estos grupos dominantes, según Malem, controlan los nombramientos en las instituciones de control fuertemente ligados a criterios partidistas, perdiendo la independencia, percibiéndose más en la magistratura y en el control de las cuentas públicas.
El control democrático no puede quedar en manos de los que a su vez son sus propios protagonistas, porque se incurre en el buen o mal hacer. La batalla por la democracia es hoy, como siempre, una batalla sobre el control. Lo hemos vivido muy duramente con la crisis financiera: cuando se confunden los guardianes con los asaltantes, el tesoro desaparece siempre. Lamentablemente, en estos últimos asaltos vividos ha desaparecido hasta el sentido común, y es precisamente desde ese sentido común, como factor esencial, desde donde debemos construir democracia, transparencia y buen gobierno.
Si queremos construir una democracia participativa tendremos que ser capaces de explicar los errores de la sociedad en que vivimos y de esta forma, como actores, podremos todos intervenir en un nuevo constitucionalismo. No olvidemos que progreso, nación, igualdad, deberes y derechos son los ‘dioses’ que constituyen el modelo cultural del Estado. Hay que aceptar que la familia, la fábrica, la escuela, las creencias religiosas y el conjunto de instituciones que configuran la sociedad, evolucionan. Y en ese cambio que hoy vivimos, la sensibilidad por la transparencia se hace imprescindible porque, de lo contrario, ni la economía ni la política ni las instituciones tienen futuro estable.
Se está violando el espíritu de la Constitución, se gobierna violando su letra, lo que está minando las raíces de la configuración del Estado y provocando cada día más conflictos sin solución. En este proceso de debilitamiento, los enemigos de la democracia son aquellos que, disfrazados de amigos, pretenden apropiarse de las estructuras y la apropiación indebida es la corrupción más venenosa que padece la democracia moderna.
José Molina Molina. Doctor en Economía, Sociólogo y Miembro de Economistas Frente a la Crisis
Publicado en el diario La Verdad (Murcia/España) el día 13 de febrero de 2013
Los tres poderes del Estado, -independientes en teoría- son prácticamente uno, de modo inevitable y lógico para su finalidad: el funcionamiento del país.
Pero, si tomamos en consideración, que:
Cuando el poder legislativo y ejecutivo están en la misma mano y en su uso se excluye el diálogo,reemplazándolo por decisones arbitrarias, la conclusión es que no es posible una democracia, al menos en los términos que venimos practicando en los últimos casi cuarenta años.
Dónde el poder judicial es fácilmente manipulable desde sus bases por el legislativo y el ejecutivo, no se pueden garantizar ni su objetividad ni su legitimidad.
Jueces con tendencias de izquierdas o derechas que interpretan según su ideario, no es justicia, es una extensión del poder legislativo. Presidentes del Tribunal Supremo que usan de modo fraudulento los recursos públicos, no es justicia, es ilegalidad.
El poder real sigue apartado del pueblo, no lo tuvimos con la dictadura ni tampoco ahora, con la democracia.
Vivimos una falsa libertad que se materializa cada cuatro años, un día de elecciones, nada más.
Es una reflexión, para actuar, no hay que conformarse con lo que funciona atrofiado. La democracia hay que conquistarla y la unica posibilidad es participar en la conquista. Gracias por tu comentario.