El Buen Gobierno

Se debe consolidar un invariable e incuestionable frente social que pueda ir combatiendo legalmente a los corruptos

En la primera Asamblea del Pacto por la Transparencia en la Región de Murcia, celebrada el pasado día 27 de noviembre en el Campus de la Merced, todos los asistentes reafirmaron las 21 propuestas del mismo y, además, se aprobaron medidas para ir evaluando cómo nuestras instituciones cumplen con  este gran objetivo de abrirlas para que  los ciudadanos las controlen y se nos informe, rindiendo cuentas y aplicando códigos de ética. Es el deseo ciudadano del derecho a saber, evaluar las políticas públicas y controlar su gestión.

Tenemos que combatir con entusiasmo los métodos corruptos que se han enquistado en la vida pública y privada de nuestra sociedad. Ese abuso de poder en beneficio privado, directo o indirecto, tenemos que justipreciarlo para que la corrupción sea punible legalmente, por la vía que en Derecho proceda, porque actúa en la captura del Estado, de sus instituciones, jugando con la evasión. Y además lo disfraza, bajo fórmulas de encubrimiento ideadas para ocultar sus intenciones, sirviendo también  para financiar a políticos, partidos, comprar voluntades o, lo que es más grave, influir en la opinión pública culpabilizándola de que somos todos quienes incumplimos las normas.

Esa imagen que ‘justifica’  que estamos en una sociedad corrupta y tenemos la representación sociológica propia que nos merecemos, no es la imagen de una sociedad democrática moderna sino, lamentablemente, la de una sociedad descontrolada en manos de expoliadores y de estructuras dominadas por comisarios políticos, los cuales no ejercen el control porque han sido nombrados por los mismos que tienen que ser controlados.

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Nuestras ciudades son el espacio de expresión de las crecientes desigualdades y los dramas familiares que ha desencadenado la crisis económico-financiera. Y los Ayuntamientos aparecen como las instituciones en las que se ha producido la mayor parte de los casos de corrupción.

La extensión de la crisis y su repercusión en la financiación municipal me lleva a reflexionar sobre los cambios que ha provocado en la acción de algunos gobiernos locales. La nueva situación ha afectado a los Ayuntamientos situándolos ante la realidad de sus fuertes limitaciones financieras, en gran medida por la reducción de sus ingresos urbanísticos -también de sus ingresos corrientes-, obligándoles al recorte de sus gastos corrientes y a una gran disminución de las inversiones. En consecuencia, han tenido que ajustar servicios, congelar las contrataciones de personal, reducir programas y sueldos, retrasar inversiones y buscar un funcionamiento de los equipamientos públicos adaptado a sus posibilidades presupuestarias.

La respuesta de los Ayuntamientos a este escenario les debe llevar a desarrollar un modelo democrático de gestión basado en la transparencia, la participación y, sobre todo, la priorización de políticas de solidaridad en defensa de la cohesión social a la hora de aplicar los recursos disponibles. Todo ello será posible si se recupera el concepto de «ciudad educadora en valores».

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 Es un hecho probado que la realidad social que más preocupa al común de los  ciudadanos son las elevadas cifras del paro, pero la que más indigna y escandaliza es la ausencia de ética manifestada en demasiados profesionales de la política, muchos de ellos representantes elegidos por el pueblo. La noble y necesaria tarea de gobernar y representar a la ciudadanía está siendo corrompida hasta límites insoportables a beneficio del lucro personal de sus gestores, y se ha convertido en uno de los hechos más nocivos de nuestra sociedad a causa del daño moral producido, el deterioro de la credibilidad en las instituciones y el efecto llamada a corruptos en potencia. Medrar y enriquecerse es una aspiración demasiado frecuente en el mundillo político. Son muchos los que, buscando un enriquecimiento rápido, se inscriben en un partido enarbolando falsos ideales de colaborar en el logro de una sociedad más justa. 

Que los españoles nos encontremos en un insoportable presente de inmoralidad en el ámbito de la política es en parte, desde mi punto de vista,  consecuencia de la actitud de aquellos políticos que no han querido darse por enterados de las actuaciones de muchos de sus correligionarios. Mirando hacia otro lado han ninguneado la gravedad de determinados hechos  para, finalmente, sumarse a la ‘fiesta del mangoneo’ cuando han podido. Y es que la ambición que anida en los potenciales corruptos puede más que el riesgo de ser descubiertos si finalmente acaban metiendo la mano.

Por si fuese poco, cuando estos delincuentes de guante blanco son imputados seguimos presenciando situaciones indignantes. A excepción de los delitos de sangre, la ciudadanía percibe que estos procesos judiciales son muy lentos, lo que propicia  la prescripción de muchos de ellos. En otros casos las sentencias impuestas suelen ser, comparativamente, más benignas que las aplicadas a los reos de condición social más baja, siendo así que los de índole política son mucho más deplorables por su nociva repercusión social y la elevada cuantía económica de lo defraudado. “La ley está hecha para el ‘robagallinas’ y no para del gran defraudador”. (Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, partidario de reformar la  Ley de Enjuiciamiento Criminal).

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El sistema económico se define por dos cosas fundamentales: la transparencia y la confianza. Si las dos han saltado por los aires tendremos que restituirlas con nuevas normas

Cuando se entremezclan política y empresa, terminan tejiendo redes y comportamientos corruptos, por eso la separación del mundo político del empresarial es el primer eslabón a romper para cortar la cadena de los tráficos de compra de voluntades. Y ese, y no otro, es el motivo por el que debe prohibirse la llamada ‘puerta giratoria’: salidas de la política y entrada a los consejos de empresas y viceversa. Con las experiencias que vivimos, ni un minuto más debe durar esa permisividad.

Necesitamos que un nuevo código de ética corporativa plantee con urgencia que la transparencia de las sociedades es un objetivo de la economía nacional y debe informarse con más claridad las relaciones con los grupos de interés, sociales, económicos, políticos, religiosos y culturales. No se puede dejar que un problema que está debilitando al sistema quede en algo voluntario, precisamos de unos principios vinculantes. De esta forma no quedaríamos (como ocurre ahora) a la espera de la denuncia o el despecho para enterarnos del mal funcionamiento o del atropello de los derechos. No queremos volver a revivir con bochorno los escándalos de gestión temeraria y de aprovechamiento personal de instituciones como las Cajas o de empresas cotizadas y las implicaciones de los políticos que las regentaban.

El objetivo de las auditorias, las comisiones de control y la RSC  no es hacer un marketing de empresa sino defender los intereses de los accionistas, en especial de los minoritarios que no participan en la gestión. Ahora toda la ciudadanía está inquieta, a consecuencia de la cadena de escándalos, porque no se entiende cómo empresas importantes están en los entramados de la compra de voluntades. Urge que todas las empresas del Ibex, o las que tengan más de 500 empleados, o con una facturación superior a los 40 millones de euros, o con un volumen de activos superior a 20 millones de euros, publiquen sus códigos de ética, sus controles de cumplimiento de su responsabilidad corporativa, las incompatibilidades que tienen sus empleados para ejercer ciertas funciones y que las auditorias no se queden indiferentes ante el incumplimiento de los códigos de comportamiento.

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Estuvieron donde no debieron estar, se reunieron con quienes no debían, se dejaron atrapar en las redes de los lobbies… Pienso que no podemos dejar la representación política en manos de quienes no mantienen un equilibrio ético.

El economista Robert Frank nos alertaba de ‘la fiebre del lujo’; el psicólogo Oliver James, del ‘virus de la abundancia’ y el filósofo Alain Batton, de la ‘ansiedad por el estatus’, todo ello para avisarnos de lo peligroso que resulta que en las sociedades modernas se viva con la ansiedad de acumular poder –sea político, económico o social– una preocupación perniciosa porque es capaz de destruir una parte importante de nuestros principios.

Ese ‘virus’ nos ha ido invadiendo y hoy vivimos en la vergüenza de que algunos de nuestros representantes políticos aparecen a la vista de la sociedad con síntomas evidentes de estas perturbaciones: han caído en el desequilibrio, no perciben sus delirios y estamos constatando su adicción a realizar actos, impulsar proyectos, forzar voluntades de sus estructuras funcionariales con el fin de alcanzar sus trastornados objetivos. Tan perturbados aparecen, que ni son conscientes de lo que han impulsado, del mal social propagado, de su falta de ética y hasta de trasladar sus efectos alocados a sus más allegados, simulando negocios, comprando a precios fuera de mercado, traficando con ilícitos y recibiendo regalos.

Estuvieron donde no debieron estar. Se reunieron con quienes no debían. Inauguraron acontecimientos, celebrando lo que todavía no estaba aprobado. Vulneraron la más elemental prudencia, viajando con quienes nunca deberían haberse cogido del brazo. Se dejaron atrapar por las redes invisibles de los lobbies, por esa ansiedad de mantener una pretendida jerarquía que, por sus actos, ahora está teniendo un fuerte rechazo social. Señores de cobrar en ‘sombra’ determinados porcentajes por ser facilitadores de rápidos negocios.

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 «Hay que seguir construyendo el Estado Social de  Derecho, no derrumbarlo».

 Las vías que construyó la Transición son un espacio político por donde se transita y su respaldo democrático fue el precio para pasar de la dictadura a la democracia, jugó la generosidad de los ciudadanos para disfrutar de nuevas instituciones, aunque siguieron vigiladas hasta que se superó los ruidos de la “trastienda”, liberándonos poco a copo, hasta caminar con soltura en un formato democrático. Esa nueva estructura, definía un modelo de  Estado de bienestar, con el compromiso de construirlo, nunca derrumbarlo.

La crisis económica ha sido la causa perfecta para dar marcha atrás, desordenar nuestros derechos, anulando unos,  y recortando los que no encajaban en un modelo  conservador, que nos regresa al pasado. Se reformó la Constitución, utilizando vías alejadas de las que los votaron, y se observa poca fe en el texto que ha quedado. ¿Nos servirá por mucho tiempo este formato?

Observo que no encajan muchas cosas, porque no creemos en la virtud de la tolerancia, en el pensamiento crítico, diverso, inclusivo, y por qué no, hasta en el contradictorio. Pensamiento y  forma democrática, no han sabido adaptarse para ampliar las demandas de la nueva sociedad y dar cabida a su ímpetu de cambio, que con todo el derecho del mundo, los ciudadanos reclaman por robarles su futuro y arruinar los principios del Estado social.

Oímos tantas explicaciones contradictorias, que es mejor que los que intentan convencernos sean sustituidos por otros, porque su argumentario es tan pobre, repetitivo y contradictorio, y dicen sus propuestas, desconfiando de la razón humana de los ciudadanos que atónitos les escuchamos. Olvidan que tenemos derechos, como el de decidir con libertad, porque si algo funcionó en la Transición, fue precisamente, consolidar las virtudes de la democracia.

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Se piden cambios constitucionales, en nuestros ordenamientos jurídicos, y en los de la UE, porque al movimiento ciudadano de empoderamiento colectivo no le sirve lo existente, y no le sirve, porque su meta es caminar hacia una nueva sociedad.

Algo se mueve en la sociedad y los ciudadanos lo están percibiendo en el día a día desde una nueva visión colectiva. Las cosas no son de la misma forma que antes de la crisis, hemos pasado del miedo de los primeros momentos, del derrumbe económico, que destruyó tantas ilusiones, a buscar entre los escombros aquellas estructuras que puedan ayudarnos a reconstruir la nueva sociedad.

En ese avatar, los ciudadanos han ido recuperando la confianza en sí mismos, se han empoderado, se han fortalecido desde la desgracia, y esa capacidad renovada, arrastra una desconfianza en las instituciones, porque no les han sabido defender, ni prever, ni controlar. Por eso ahora quieren decidir, quieren saber y quieren, porque no, auditar. Ya no se fían. Son las consecuencias de las crisis económicas, y las consecuencias para el sistema político. El sufrimiento que  vive la ciudadanía, quieren trasladarlo a las instituciones, porque no se entiende que la crisis no las haya transformado todavía y se resistan  tanto a los cambios.

Sociológicamente hablando, estamos pasando una primera etapa de toma de conciencia, de ese empoderamiento individual, valorando cada uno “lo que le ha afectado la crisis”, en el empleo, la vivienda, su salud, los servicios públicos y una larga lista de recortes. Y cada cual, según le afecta, se ha enrolado en una marea. Mareas que han ido desembocando en las plazas públicas de las ciudades y en sus muros están colgadas sus demandas. Desde ese empoderamiento individual, se ha ido formando un movimiento colectivo, pasando de esa autonomía individual, a un proceso de autonomía colectiva.

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