Un sobresalto de desgobierno

 

Queremos un país que sea un sueño colectivo que podamos pagar, con las cuentas claras, y con una ciudadanía que controle y desarrolle la democracia.

Se percibe en la sociedad una sensación de desgobierno y, como consecuencia, los ciudadanos buscan las energías democráticas de una alternativa que impulse un nuevo horizonte que, sin ataduras, sea capaz de devolver a las instituciones la democracia, el Estado de Derecho en su plenitud, para culminar la labor de los constituyentes de 1978. Ese horizonte como meta implica asumir que la forma en que se gestiona la democracia hoy es parte del problema, pero también tiene que ser  la solución incorporando dos actitudes esenciales: diversidad y solidaridad democrática. Dos elementos que no encontramos en la política nacional, pero tampoco en la regional ni en la gestión de los  grandes municipios, donde se gobierna sin transparencia, sin coherencia e implicados algunos gestores en procesos judiciales que a los ciudadanos nos dejan sin respuesta.

Habla pueblo

Es el momento de recordar lo que Bobbio nos avisaba: “Si cuestionamos la soberanía popular, nos introducimos en el escabroso mundo de los populismos”. Y es que el proceso democrático es un método de concertación institucional para llegar a decisiones políticas y administrativas, de tal manera que si unas mayorías bloquean el proceso y expulsan al resto del juego democrático, no se puede pedir a los desalojados que asistan de meros acólitos a las decisiones institucionales.

Estamos tocando fondo y, hoy por hoy, no podemos ver con tranquilidad los escenarios político y económico. La situación de la Hacienda nacional, y la regional en especial, es caótica. La AIReF –Organismo supervisor de la UE– ha instado al ministro Montoro a que active los mecanismos legales de estabilidad presupuestaria, los cuales prevén que el gobierno aperciba por escrito para que se corrija la deriva del déficit presupuestario que aumenta sin cesar. Y si la AIReF llegara a detectar pasividad por parte del ministro, podrá impulsar la norma 20 de su Estatuto pidiendo responsabilidades. La Comisión Europea ha entrado en acción y, si alguno tiene alguna duda, lo puede consultar al  valedor oficial ante dichas instituciones. Siete hacienda regionales están en el grupo de las comunidades que tienen pendientes sus planes de reequilibrio, pero aquí no se explican ni dejan que se controle por qué ocurren estas cosas, ni las causas del endeudamiento por una auditoria ciudadana.

Un sistema de financiación para 17 territorios y dos ciudades (Ceuta y Melilla), es complejo, sin duda, y desde el inicio de nuestra Constitución la financiación autonómica no ha sido un método pacífico. Sin embargo, posteriormente cambió el sistema y se incorporó la ‘corresponsabilidad fiscal’ que significa que el que quiere dar mejores servicios tiene que saber recaudar más y mejor. O sea, tiene que ser un buen gestor no un cajero de ventanilla en recaudación voluntaria de tiempos de bonanza. Hay que cobrar y hay que saber gestionar, analizar los costes efectivos y ser eficiente. Porque no podemos acusar a otros de nuestras ineficiencias, o  esperar a que el sistema cambie y nos sea favorable. Es cierto que el peso de la población en el modelo de financiación es un problema, pero no es todo el problema. El problema es que no se ha gestionado bien.

En más de tres décadas de gobiernos autonómicos no hemos encontrado las vías de convergencia con Europa. Y ni siquiera hemos adelantado en el ranking de las economías regionales. ¡Algo no se ha hecho bien!

Quiero pedir a los que calientan motores para iniciar la carrera electoral del año próximo, que antes de ponerse el número en el dorsal digan si creen en el sistema democrático. Así de claro. Porque un sistema democrático debe contar con los ciudadanos, practicar la transparencia y rendir cuentas. No queremos chapuzas y tampoco deseamos que los extremos lleven a la hoguera a la democracia existente, que con tanto esfuerzo creamos. Ante los movimientos que se observan, lo primero es pedir más democracia y después hablemos claro de cómo pagamos lo que debemos, conociendo antes  por qué se ha generado esa deuda, pidiendo cuentas a quien corresponda para, con las cuentas claras, decir bien alto cuánto es bastante. Porque queremos uno territorios integrados  que sean un sueño colectivo que podamos pagar, sin que nadie se lleve lo que aquí hemos creado.

José Molina Molina. Doctor en Economía, sociólogo, miembro de Economistas Frente a la Crisis. Autor del libro: “Ciudadano y Gasto Público” Editorial Aranzadi 4ª edición 2014

Publicado en el Diario La Verdad 21/12/2014.

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