«Queremos saber porque queremos controlar. Así de claro. Y queremos controlar porque queremos denunciar los casos de corrupción y de despilfarro de lo público”.
Para evitar el dominio de los mediocres –que, como decía Valle Inclán, provoca que todo el mundo sea tan mediocre como ellos– el ciudadano tiene que recuperar su espacio de protagonismo y en ese reto, opino, tenemos que comprometernos en la elección porque, es verdad, estamos condenados a elegir, como se dice en economía y sociología. Elegir sin miedos, con libertad y, a ser p“osible, salvando el peligro que supone esa gente que no se siente culpable de nada, que no sabe pedir perdón por los fracasos y que sólo ven la culpa en el otro.
La democracia es un proceso de participación en el que es imprescindible la información porque nadie puede participar en lo que no conoce. Necesitamos saber de los asuntos públicos y que se nos rindan cuentas para valorar cómo se ha empleado nuestro dinero y para evitar que los corruptos se infiltren por las puertas falsas del sistema. Queremos un cambio, y para conseguirlo se precisa de una voluntad política que propicie una nueva cultura funcionarial y, también, que eleve la necesidad en la sociedad civil de ser exigentes en la ‘accountability’, ya que da la sensación de que por haber ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a la documentación pública y la reciente aprobación de la ley estatal sobre Transparencia y sus desarrollos regionales, ya hemos llegado a la meta. Y no. Esos acontecimientos son el principio, un inicio por el que, con mucho retraso, se intenta salir de la opacidad organizada. Es bien sabido que no basta con publicar normas si luego éstas no se cumplen.
Cuando los políticos no lo sienten, los funcionarios no lo practican; y si los ciudadanos no lo exigen, la transparencia informativa quedará como un trámite burocrático y no como una mejora de nuestra debilitada democracia. Queremos saber porque queremos controlar. Así de claro. Y queremos controlar porque queremos denunciar los casos de corrupción y de despilfarro de lo público. Por eso no nos sirve que se nos despache ‘de oficio’ o con datos que oculten, disimulen o pretendan desinformar, que de todo hay, sino una rendición de cuentas de gran calado.
Somos muchos, los que hubiéramos deseado que la Ley de Transparencia hubiera estado enmarcada entre los derechos fundamentales con el rango de Ley Orgánica, porque resulta sorprendente que, a estas alturas, el derecho de petición esté considerado como fundamental y, por el contrario, no lo sea el derecho de acceso a la información pública. No lo entiendo.
Sería precisa una regulación básica que obligue a todas las entidades que prestan servicios de forma directa o indirecta a los ciudadanos a garantizar la información, sea presencial, telefónica o electrónica. Y denuncio que hemos perpetuado nuestro más oscuro proceder continuando con el ‘silencio administrativo negativo’. Una conducta reprobable de la Administración Pública.
Seguimos sin conocer los informes internos de fiscalización, con referencia expresa a los informes de reparos que realiza la Intervención, cuyo conocimiento ayudaría a los ciudadanos a vigilar los intentos de saltar los controles. Queremos que la sociedad civil conozca toda la tramitación, al igual que las memorias que justifican cualquier tipo de endeudamiento. Asimismo hay que ser transparentes en los empleos, no es suficiente conocer las retribuciones: hay que saber también el sistema por el que se ha cubierto cada puesto de trabajo porque hay demasiados ‘nombramientos’ cobrando de los presupuestos públicos de una forma que nos avergüenza y hasta nos aterra cuando, sin reparos, se designan ‘puestecicos’ sin más justificación que la afinidad política, familiar o de amistad.
Y para terminar, aprovechando que estamos en campaña electoral, denuncio que la normativa estatal es muy poco transparente en los gastos que los partidos incluyen en las elecciones, hasta el punto de que son los Organismos Internacionales quienes nos recuerdan y preguntan cómo se hace tanta publicidad con tan poco gasto contabilizado. El fantasma de los ‘conseguidores’ recaudando en nombre de quien puede hacer favores es demasiado conocido, pero nadie se ha atrevido aún a poner en vigor una norma que corte de raíz las malas prácticas que han viciado el sistema. Y concluyo: gobernar con transparencia es compartir el poder con los ciudadanos to-dos-los-dí-as.
José Molina Molina. Doctor en Economía, Sociólogo y Miembro de Economistas Frente a la Crisis.
Publicado en el Diario La Verdad el 26/4/2015
