Agradecer a Anpier, la invitación a este acto, y a su presidente Miguel Ángel Martínez-Aroca, manifestarle mi apoyo en la batalla que con tanto impulso lleva en defensa de los intereses del sector y decir públicamente que hay que devolver la legitimidad y compensación de los que invirtieron con la garantía de ver recompensado su apuesta por el desarrollo.
Gracias a todos los asistentes a este acto, y hacer una mención especial a Ramón Tamames con el que me une una relación que se remonta a los años más duros de la dictadura -1968- y como recuerdo de aquellos momentos vividos, quiero iniciar con lo que nos decía, mejor tendría que decir, me decía, porque el libro donde lo expresaba, fue destruido a pie de maquina por orden del ministro Fraga, en aplicación de su Ley de “libertad de prensa”. Se salvó este ejemplar, y quiero resaltar lo que decía en la introducción: En España los “eternos realistas” llaman a todo “utópico”, sin que nos demos cuenta que el realismo de nuestro sistema económico nos conduce a una sociedad triste y sometida a un inmovilismo social. Si reflexionamos, han pasado 47 años, y Murcia puede ser un ejemplo de lo que mi amigo el profesor Tamames nos advertía, hace casi medio siglo. Ese inmovilismo nos ha conducido a la mediocridad de los líderes, a sus servilismos y a tantas claudicaciones con el poder, que viven instalados en su mediocridad, y lo peor es que lo veamos como algo habitual y hasta llega a aceptarse como algo natural.
Yo pretendo abordar mi intervención como impulso al desarrollo económico, para salir de esa desesperanza, para superar los obstáculos, y para ello tomaré como hilo conductor la energía, pilar en ese proyecto, para la reindustrialización de la región de Murcia, aportando ideas que puedan apoyar a salir de la Gran Crisis donde hemos caído.
La pérdida de peso de la industria, que se lleva detectando desde décadas en Murcia, se ha considerado un síntoma de la transición económica hacia un modelo inexistente. Desde esa concepción, la industria quedó como huérfana en manos de un modelo especulativo como la vía para alcanzar mayores cotas de desarrollo económico. Murcia, fue víctima de una desindustrialización temprana, con una falta de impulso de políticas adecuadas desde las instancias públicas y un desconcierto con las estructuras privada.
Asimismo la dependencia de la burbuja inmobiliaria, y las políticas públicas regionales impulsoras del ladrillo, terminaron conformando un modelo productivo muy dependiente de la construcción y de servicios de escaso valor añadido que han puesto de manifiesto que es necesario tener un modelo productivo en el que la iniciativa privada se incorpore como estímulo, y el apoyo público, como instrumento de consolidación de sus estructuras. Ese nuevo modelo, es el que debemos desarrollar, para conseguir que las desigualdades sociales no marquen negativamente la vida de los ciudadanos de nuestra región.
Se necesita un nuevo marco social que facilite el desarrollo industrial:
Las fuerzas del mercado no son suficientes para crear las capacidades industriales de largo plazo que necesitamos, necesitamos un impulso a la capacidad para desarrollar ventajas comparativas complejas que necesiten políticas públicas específicas, es por ello que desde las Administraciones públicas se debe impulsar medidas para:
- Combatir las tendencias hacia la desigualdad social.
- Revertir la consideración del trabajador como un mero coste,
- Fortalecer estructuralmente el sistema de I+D+i.
- Precisamos de una industria inteligente de alta productividad,
- Impulsar una nueva diversificación productiva.
- Desarrollo de las PYMES y los servicios tecnológicos de alto valor
- Reimpulsar las energías renovable para recuperar el liderazgo tecnológico junto con otros sectores emergentes.
Y es en este punto, donde quiero profundizar, porque Murcia debe impulsar al resto de España, como ya lo hace Europa, para no quedarse ajena a la transición energética. Otros países europeos ya han acometido profundas reformas que facilitarán su transición energética. En 2010, Alemania aprobó (su Energiewende) con medidas para llevar a cabo una reducción de emisiones del 40% a 2020 y del 80% a 2050, con desglose por sectores y con objetivos decenales. En 2011, el Reino Unido aprobó (su Carbon Plan) con compromisos similares a los alemanes, junto con una profunda reforma de su sector eléctrico. Más recientemente, en 2014, Francia ha aprobado (su Transition Énergétique pour la Croissance Verte), calificada por su Ministra de Medio Ambiente como la “transición energética más ambiciosa en Europa”.
¿Y España? El último dato que se conoce relativo al consumo de energía con origen renovable no alcanza el 15% de la energía primaria. Europa anuncia sanciones porque difícilmente cumpliremos nuestro compromiso de alcanzar el 20% durante los cinco años que restan para 2020. Los recortes retroactivos aplicados sobre las energías renovables ciertamente no contribuirán a cumplir el objetivo. Poco se sabe sobre nuestros objetivos para 2030 – si es que los hay- pero en cualquier caso habrá que cumplir con los compromisos europeos. Es por tanto urgente definir una salida para la descarbonización, así como poner en marcha medidas que la hagan posible. Quince años pueden parecer muchos, pero la construcción de nuevas infraestructuras, la readaptación de las existentes y el cambio en las pautas de producción y consumo no se producen de la noche a la mañana.
Y quiero hablar de esa transición energética como una oportunidad para la reindustrialización:
Tiene que abordarse con urgencia, la transición energética, y tenemos la obligación de impulsarla, no sólo por compromisos con la UE, sino sobre todo como oportunidad para transformar nuestro modelo productivo hacia cotas sostenibles y de mayor calidad al que alimentó la burbuja previa a la crisis. La transición energética generaría externalidades positivas para el conjunto de la economía al permitir la generación de empleo cualificado y contribuir a la creación de tejido industrial y empresarial. El fomento de actividades tales como el desarrollo y despliegue de las energías renovables; la construcción y rehabilitación de viviendas más eficientes desde un punto de vista energético; el tratamiento y la gestión de residuos; la gestión forestal para el aprovechamiento de la biomasa y la prevención de incendios, serían – entre muchas otras – una fuente importante de nuevos puestos de trabajo. El carácter distribuido de algunas de estas actividades – de forma significativa, el despliegue de las energías renovables o la gestión de los bosques – también favorecería el cambio estructural en zonas rurales donde hasta hace poco dominaban las actividades agrícolas.
El papel del sector eléctrico y de las energías renovables en la transición energética:
El sector eléctrico está llamado a desempeñar un papel central en la transición energética por su potencial para reducir las emisiones de carbono. No sólo porque genere una importante parte de las emisiones totales y tenga por tanto recorrido para reducirlas, sino porque además es el único sector capaz de incorporar a las energías renovables en la dieta energética del país. La conclusión no tiene matices: sin el mantenimiento de la senda de inversión en energías renovables, no será posible profundizar en la transición energética en España.
Las energías renovables presentan una curva de aprendizaje con fuerte pendiente que está acercando sus costes a los de sus alternativas térmicas. Si bien la energía solar fotovoltaica lidera la bajada de costes, con una caída acumulada del 75% en el precio de los módulos desde finales de 2009, otras tecnologías – notablemente la eólica terrestre – ya han reducido sus costes medios incluso por debajo de los costes marginales (es decir, sin incluir los costes de inversión) de producir electricidad con gas en las centrales de ciclo combinado. Pero para que la pendiente de esta curva se consolide, consolidando la industria española y el tejido empresarial que la sustenta, es necesario mantener un ritmo de inversión mínimo que no frene la destrucción del tejido ya creado, del know-how, y del empleo asociado. Para ello es imprescindible restituir la seguridad jurídica de quienes invirtieron en las primeras generaciones de energías renovables en España, seguridad que han perdido tras los sucesivos recortes retroactivos aplicados sobre sus retribuciones. Sin esa restitución, será casi inviable retomar la senda de inversiones iniciada en España 2005.
En el mundo se está dedicando una cantidad creciente de recursos a la inversión en energías renovables. Según IRENA, en 2014 se invirtieron 264.000M$ en energías renovables, 50.000M$ más que en el año anterior. Esto ha abierto un gran mercado para las empresas españolas que, gracias al esfuerzo inversor realizado en España, han adquirido una ventaja competitiva, situándose en la vanguardia mundial. Desmantelar la industria renovable en España tendría como otro de sus costes irreparables la pérdida de esta oportunidad de negocio y de creación de empleo para nuestras empresas.
Pero los altos precios que actualmente se pagan por la electricidad en España no dejan mucho hueco para nuevas inversiones. Por ello, para profundizar en la transición energética, resulta indispensable realizar una auditoría regulatoria del sector para identificar aquellas partidas de costes no justificadas. No cabe alargar aquí la discusión pero sí mencionar, por su importancia, un hecho: la regulación vigente en el mercado eléctrico español sobre-retribuye la electricidad generada en las centrales nucleares e hidroeléctricas. De restituirse el marco jurídico en el que se llevaron a cabo las inversiones en estas centrales, se liberarían entre 2.000-3.000M€ anuales que permitirían retomar las inversiones necesarias para llevar a cabo la transición energética sin presionar al alza el coste de la electricidad para hogares e industria.
La Importancia de los Órganos Reguladores
Es muy importante que quien regule lo haga con conocimiento del sector regulado y con independencia – del Gobierno, sí, pero sobre todo de las empresas reguladas-. El diseño institucional es determinante. Podemos pensar en el caso español. Los vocales de un regulador multisectorial, como el que se creó en España con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, no pueden ser expertos en todos los sectores que regulan. Y sin criterio propio, la independencia de sus decisiones puede quedar comprometida. Igualmente importante es el proceso de selección de los reguladores, proceso en el que debiera primar la valía y la experiencia de los candidatos. Se empiezan a oír en España propuestas para descolonizar las instituciones de nombramientos que no tengan otro criterio que el político, como es el caso del Tribunal de Cuentas, el CGPJ, el Tribunal Constitucional, la CNMV. En esto también nos estamos jugando nuestro éxito o fracaso, porque el crecimiento de los países está condicionado por la calidad de sus instituciones, y entre ellas, por excelencia, la del regulador.
Y por otro lado, ¿cómo vamos a discutir con independencia, por ejemplo, los beneficios de aprovechamientos hidroeléctricos que son únicos, no replicables, y están explotados al amparo de opacas concesiones administrativas? Sólo hay un Duero, un Tajo…o un Ebro. Y no existen en este terreno organismos independientes que regulen, porque las políticas territoriales han invadido insolidariamente un espacio apropiándose de lo que es común. Y lo común lo tenemos que gestionar con un consenso y con independencia de intereses.
La normalidad según explica EL ROTO, humorista gráfico de El País, “consiste en creer que lo que pasa es normal”. Yo os puedo decir que toda mi vida he practicado lo contrario, y en este momento es mi obligación trasmitiros que lo que pasa NO ES NORMAL. Tamames decía en ese libro “que lo habitual llega a parecer perfectamente natural a tantos y tantos”. Y es que la arbitrariedad del que tiene el BOE, nos ha inducido a confundir lo injusto, por normalidad.
La Eficiencia también está ligada a la Distribución de los Excedentes
Los desorbitados precios que tiene la electricidad en España no hay que responsabilizar en exclusiva a su poder oligopolio de mercado. También son el resultado de una regulación – impropia, según mi opinión – que realiza un reparto discriminatorio de los excedentes que produce el sector eléctrico, casi siempre a favor de las empresas y en contra de los consumidores. Y como consumidor no puedo olvidar los efectos distributivos de las distintas opciones regulatorias porque éstos también pueden acabar afectando a la eficiencia, y como economista, algo tendré que opinar.
Y quiero señalar que uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos como sociedad es el cambio climático, cuyas peores previsiones se están confirmando, de forma acelerada, el que no crea, es que está ciego. Y no hemos sido capaces de adoptar medidas globales que lo solucionen. Sin embargo, asumimos los altos costes de la destrucción del medioambiente, que son también costes para la economía, el progreso y el bienestar.
Tenemos que cambiar nuestra conducta antes que los costes del deterioro medioambiental superen los costes de la prevención y mitigación del daño. Por ello, sostenibilidad económica y sostenibilidad medioambiental están íntimamente ligadas: si queremos que la sociedad tome conciencia del problema medioambiental y actúe en consecuencia, tenemos que diseñar mecanismos regulatorios que reduzcan el coste para los consumidores de la lucha contra el calentamiento global. Y es aquí donde los economistas y la ciudadanía tienen que jugar un papel fundamental.
Hay que desarrollar políticas medioambientales para salir de la crisis
Se precisa una política de desarrollo económico y sostenibilidad ambiental que operen en una acción conjunta. Precisamos una transición energética que camine hacia economías menos dependientes de los combustibles fósiles para mejorar nuestra lucha en favor del medio ambiente y que apoye la salida de la crisis, las Cumbre del Clima de las Naciones Unidades… (Es hora de que las próximas cumbres – Lima, París)…- deben pasar de las palabras a los compromisos, y de los compromisos a los hechos.
En conclusión…
Los economistas tenemos mucho que aportar para que la simbiosis entre regulación y competencia por un lado, y economía y medioambiente por otro, potencien nuestro bienestar presente y futuro. La economía tiene que estar al servicio de los ciudadanos, y así lo creo, y también lo pongo en práctica. Pienso como dice el expresidente de Uruguay, José Mújica que: “A los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política”. La avaricia y la codicia humana, unidas a la falta de ética de algunas personas, nos llevan a la triste situación actual en nuestro país, irrespirable en muchos casos, y en este que nos ocupa de la energía lo venimos soportando como un oligopolio desde el siglo pasado. Y creo que ha llegado la hora de cambiarlo y para ello urge un buen gobierno en la gestión de lo público. Porque los gigantes energéticos, por seguir con nuestro ejemplo, lo que quieren es ganar dinero, no servir los intereses de los consumidores, por ello la voz en los centros de poder, hay que invertirla, son los ciudadanos, su sociedad civil la que tiene que situarse como actor en ese escenario, y alejar lo más posible y tener controlados a los grupos de presión. La esperanza nos dice que no hay injusticia que no tenga su fin, lo que ocurre es que a veces quienes comparten los mismos criterios, no encuentran una vía apropiada para caminar juntos. ¡Tenemos que buscar esas Alamedas, para que todos podamos avanzar en una sociedad más justa y solidaria! Y las energías son un pilar esencial para ese desarrollo sostenible por el que luchamos, y ANPIER, tiene una misión social y económica que desarrollar en este campo. Estoy a vuestra disposición, y muchas gracias por la oportunidad de participar en este debate.
Jornadas sobre Energía y desarrollo en la región de Murcia (11/5/2015)
José Molina Molina. Doctor en Economía, Sociólogo y Miembro de Economistas Frente a la Crisis. Las ideas de esta conferencia están tomadas de los informes publicados por Economistas Frente a la Cris y se encuentran en su blog junto con más documentación sobre las energías y la reindustrialización.