Autoridades, representantes de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad murciana, queridos amigos. Es para mí un honor asumir la responsabilidad de impulsar la Transparencia en la vida pública y social de esta región. Un honor, repito, pero también un reto. Y ya adelanto: un reto que no rehuiré.
He caminado conjuntamente con ciudadanos e instituciones, tanto públicas como privadas, para que la transparencia, la participación y la rendición de cuentas sean una práctica en nuestra vida democrática. Y hago hincapié en vida democrática. VIDA: Ese flujo permanente que surge de las entrañas del pueblo expresando su deseo de un cambio profundo en sus instituciones públicas. Y al asumir este compromiso quiero convertir ese deseo en realidad, aun siendo consciente de las carencias y contradicciones existentes.
Porque en el camino de la transparencia y del buen gobierno aparecen obstáculos, a veces muros, que hay que derribar para que la ética en la función pública penetre sin mayores dificultades. Pero nos encontramos con que muchos de esos obstáculos se manifiestan en las propias leyes que nos regulan, tanto en el ámbito regional como en el estatal.
Hemos esperado demasiado tiempo el nacimiento de nuestra Ley de Transparencia y esa tardanza ha hecho que naciera ya vieja para los tiempos que vivimos. Hoy, la participación ciudadana camina a un ritmo mayor del que se prevé en la Ley, que tiene demasiado carácter administrativo y olvida profundizar en la transparencia y en la participación, como derecho fundamental, de forma que conecte más directamente con el derecho a la información y el derecho a saber que consagra la CE en su artículo 20.1.
Aspiramos, por tanto, a que nuestra ordenación jurídica sea un fiel reflejo de las normas internacionales, para lo cual propondré al Consejo aquellas reformas que salven las diferencias. Es evidente que cuesta romper la tiranía de la burocracia, pero la ciudadanía tiene que librarse de esa losa ineficaz y convertir la Función Pública en una aliada para su desarrollo social.
Y en este punto permítanme hacer una reflexión que considero importante:
Muchas veces hablamos de transparencia y del derecho de acceso a la información como si expresaran lo mismo. Pero en realidad no es así. Es cierto que están entrelazadas y que en principio podría pensarse que son las dos caras de una misma moneda, sin embargo no se trata de dos conceptos confluyentes sino paralelos. El derecho de acceso a la información pública garantiza la transparencia y posibilita profundizar en la democracia, pero no existe una relación inversa porque la mera transparencia no amplía los derechos de los ciudadanos ni, por tanto, nos lleva a una democracia más avanzada. La transparencia, por sí sola, puede suponer una suerte de despotismo ilustrado si no se acompaña del auténtico derecho del ciudadano, el sujeto universal, a tener acceso a la información pública. En nuestra sociedad se puede apreciar un importante esfuerzo en materia de transparencia como medio para mejorar la calidad de los servicios, pero estamos lejos de ver fortalecidos los derechos fundamentales de los ciudadanos en esta materia.
Como se desprende de su propio texto, nuestra Ley de Transparencia ha configurado un derecho de acceso a la información pública de naturaleza puramente administrativa, sin embargo, queridos amigos, el acceso a la información es un derecho fundamental y no un derecho administrativo. El derecho de acceso a la información pública es un presupuesto capital de formación de la opinión pública, base fundamental del funcionamiento democrático de una comunidad, de la que forman parte la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su regulación como derecho meramente administrativo la deja huérfana de la protección y garantías propias de los derechos fundamentales.
La opción que nuestros legisladores han elegido no sigue a la mayoría del sentir de la doctrina imperante en el mundo democrático. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, el Relator por la Libertad de Prensa de las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea mantienen el carácter fundamental del derecho de acceso a la información pública, mientras que en nuestras leyes es solo un derecho administrativo.
Me sumo a los que defienden la Transparencia como un derecho humano fundamental, de carácter constitucional, que tiene su origen en las libertades informativas, tal y como confirma el Convenio 205 del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos (18/6/ 2009) que en su exposición de motivos dice que el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de las autoridades públicas, ayudando así a que se reafirme su legitimidad.
Son conceptos catalogados en las libertades informativas que pueden resumirse en que, para fortalecer una comunicación pública libre, es necesario no solo un sistema informativo libre y plural de medios de comunicación, sino que además se precisa que los ciudadanos accedan directamente a las fuentes de información pública.
Es cierto que mi concepción está con los que defienden la aparición de un nuevo derecho fundamental, y sé que eso puede acarrear un rechazo de quienes no aceptan que los ciudadanos quieran conquistar sus derechos humanos en progresión constante, en un caminar sin concluir. Opino que no existe un catálogo cerrado y estático de derechos fundamentales. La evolución de la sociedad exige respuestas jurídicas a los nuevos retos y el nuestro es desarrollar un derecho directamente relacionado con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Pese a todas las imperfecciones y carencias de la Ley de Transparencia actual, esta norma ha abierto una ventana en las Administraciones Públicas. Es el momento de aprovecharla para que, mediante su modificación en profundidad, nuestra Ley se convierta en un referente y en un eficaz instrumento en manos de los ciudadanos hacia los que hay que hacer un esfuerzo de concienciación de lo que puede suponer la transparencia y, en particular, el derecho a saber. El derecho a saber sobre aquello que es de todos: lo público.
Si conformamos una sociedad en la que los entes públicos están al servicio de las personas y no al revés, será clave ese derecho a acceder a la información pública. No basta con hablar de transparencia, gobierno abierto, buen gobierno, etcétera. Es necesario implementarlo. Al final todo se resume en si los ciudadanos de nuestra Región tendrán un verdadero derecho a saber o si este tinglado será un simple espejismo, una de tantas normas que se incumplen sistemáticamente.
Insistiendo que la transparencia es sumamente rentable ––y no solo porque reducirá la corrupción–– yo les prometo que el compromiso que hoy he aceptado es precisamente para que ese espejismo nunca impere en nuestra sociedad murciana. Buscaré siempre “el deber ser de perfección”, y con la ayuda de todos superaremos las limitaciones para que nuestra Región, sus Administraciones Públicas y los sectores que con ellas se relacionan, sean un referente a nivel nacional.
Y termino con un apunte personal.
No será difícil de creer que, a mi edad, con la asunción de este cargo-reto no me guía más motivo que servir a mi comunidad. Aquí donde me ven, estoy ilusionado. No ahorraré energías, no sortearé esfuerzos, no me faltará arrojo pero sí les solicito que escolten al buen logro de la tarea encomendada a este Consejo. Será con la voluntad de todos con la que conseguiremos que nuestras instituciones y sus estructuras de funcionamiento sean de cristal.
Muchas gracias.
José Molina Molina. Presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (30/7/2015)
