Es una vieja historia hundir un barco y llevarse el botín asegurarse el cobro del seguro. Lo hacían con mucha frecuencia aquellos que fletaban navíos hace varios siglos. Ahora se ha actualizado esa piratería en el sistema financiero. De nada sirven las denuncias externas e internas de los testigos presenciales de las maniobras, porque las autoridades supervisoras van lentas, tan lentas que parece como si los hechos no fueran lo suficientemente graves y con la alarma social a tope, que esperan a que estalle, no entiendo qué, porque las iras de los perjudicados están al rojo vivo.
Lo peor es que el tiempo consolide lo realizado, se traslade a los juzgados las denuncias, donde se eternizaran en una cadena de litigios, mientras unos ya se han enriquecido y el resto, los que veíamos con simpatía la obra social de las cajas nos hemos quedado sin ni siquiera explicaciones y lo que es peor, expoliados.
Tendrán que hablar los ciudadanos, las asociaciones y ONGs que recibían las ayudas y subvenciones de la CAM para sus programas, y ahora por su obscena gestión se quedan sin fondos de ayuda. La sociedad debe exigir que presidentes, consejeros, los que legislaron las normas de control de las cajas en sus territorios, deben dar explicaciones, quien falló en los controles y que negocios ruinosos se financiaron, y pidan pronto explicaciones porque el desgobierno está garantizado.
