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Contrarreforma municipalista

 

“Lo que se conoce de la reforma de la Administración Local que prepara Montoro es un mal procedimiento, planteado por un mal ministro”

La crisis está sirviendo para promover cambios, unos necesarios y otros una especie de ataques encubiertos contra derechos y libertades ciudadanas. Es el caso de las medidas que se están impulsando para reformar la Administración Local, en las que prevalece el interés presupuestario por encima del desarrollo de la gestión y de dar más transparencia a la vida municipal, olvidando que la reforma de la gestión municipal, requiere más participación, no más control desde arriba, cuando precisamente ese control ha demostrado su ineficacia.
La participación activa de los ciudadanos en la gestión municipal está aumentando la eficacia del gasto y ordenando sus prioridades, poniendo en evidencia las duplicidades absurdas. Se precisa una reforma para una sociedad local abierta, no más controlada desde una burocracia ineficaz, impulsando gobiernos transparentes y participativos como, por ejemplo, las experiencias P2Politica, donde la gestión y la democracia circula a gran velocidad y conocimiento, a coste cero, impidiendo que los grupos de presión secuestren a los gestores públicos para pervertir su función.

Reforma de la Adminnistración Local

La reforma de la Administración Local se realiza por un mal ministro que no conoce la vida local y la participación ciudadana

La ciudadanía está reclamando: Planificación territorial; reforma de la financiación local para que cubra con suficiencia sus competencias; reforma de la Ley electoral, con listas abiertas y sin coeficientes; competencias y retribuciones controladas; obligación de rendir cuentas a los ciudadanos periódicamente y participación en la elección de prioridades en los gastos públicos.
La opinión publica precisa más seriedad en la información de las directrices de un anteproyecto de ley con tanta repercusión como la “racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”. Lanzar, por ejemplo, un mensaje de reducir un 30% los concejales, para eliminar el gasto, sin explicar otras cuestiones más importantes, parece una frivolidad. Da la impresión de que se quiere alagar el oído, alimentando la decepcionante opinión que se tiene de los políticos para reducir su número, sin pensar que el problema prioritario no está en la cantidad –aunque sea cierto que sobren cargos políticos remunerados– sino en la calidad.
Mientras no tengamos en vigor una Ley de Transparencia que elimine la opacidad existente, no sabremos lo que pasa en los despachos, ni en los pasillos, ni en las salidas y entradas por las múltiples puertas giratorias. Por eso queremos saber, conocer, que nada quede oculto y todo esté en la Red como una seguridad para el control y la igualdad.
Hay que debatir muchas cuestiones, y conocer en profundidad muchos datos. No se entiende que el ministro Montoro utilice un informe del Instituto de Estudios Fiscales, que aún no se ha hecho público, y se apoye en él para decir que los servicios de los municipios de menos de 5.000 habitantes son cuatro veces más caros que los de 100.000, y concluir que todos los menores de 20.000, deben pasar competencias a las Diputaciones, que precisamente han demostrado históricamente su inoperancia. No olvidemos, además, que las podas agresivas en los servicios sociales podrían entrar en conflicto con la Carta Europea de Autonomía Local.

La crisis económica nos está enseñando que hay más soluciones con el protagonismo de los ciudadanos que con la burocratización, que el control se hace más efectivo y directo, y que el caciquismo local y regional, una obsolescencia histórica, se elimina por el procedimiento de la participación, no con los hombres de gris.
Los movimientos sociales y vecinales, con sus muchos años de experiencia, han tenido una raíz profunda en el municipalismo y, desde esa base, construyeron la democracia. Una estructura activa por la lucha de las libertadas de cada pueblo. Sin políticos a sueldo, sin coste presupuestario alguno y con algún que otro encontronazo con la “autoridad competente”. Los ciudadanos van a sus ayuntamientos, hablan con sus alcaldes, interpelan a sus concejales, participan a los funcionarios de sus problemas y, por ello, lo que quieren es más participación, no más alejamiento.
La reforma local no se ha iniciado por el mejor camino. Un mal procedimiento planteado por un mal ministro que olvida, o no conoce, la vida local, la cual fustiga utilizando la crisis económica como látigo oportunista, sin aportar una sola idea de modernidad en ese gran reto de reforma del Estado desde la vida local y con la participación ciudadana que, mediante la transparencia, sean los cimientos de un novísimo estado social de derecho.
José Molina Molina. Doctor en Economía, Sociólogo y Miembro del Pacto por la Transparencia.
Publicado en el diario La Verdad (Murcia/España) el 27 de abril de 2013

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