Conferencia impartida por José Molina Molina. Doctor en Economía, Sociólogo y Miembro del Pacto por la Transparencia, en el ciclo La Regeneración Política, el día 17 de mayo de 2013 en el Real Casino de Murcia.
Agradezco al Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia y al grupo de Estudios de Actualidad de la Región de Murcia y al coordinador de este ciclo: Ramón Villaplana, la oportunidad de intervenir en esta iniciativa sobre la “Regeneración Política” en donde todos coincidimos en su necesidad porque se ha convertido en un verdadero reto para superar las miserias que nos presentan a diario los responsables de la gestión de nuestras instituciones públicas, porque a pesar de que las desigualdades que viven nuestros ciudadanos, son muy graves y parece que no son suficientes para explicar el malestar existente en la sociedad por causa de la opacidad en su funcionamiento. La inmoralidad pública es una de las causas del padecimiento que sufrimos en esta situación de injusticia producida por las malas acciones, tanto en el orden privado, como en el público, que ha invadido sutilmente los terrenos del campo exclusivo de las instituciones públicas. Con claridad debemos decir que sin transparencia económica las instituciones no se pueden mantener, porque una institución opaca, sin dar información, camina deprisa a su decadencia, o lo que es peor, a su disolución. Y esta afirmación la hacemos extensiva no solo a las instituciones españolas e internacionales, porque observamos cómo sus niveles de transparencia son mayores o menores, según la intensidad democrática de cada país.
Desde esta posición, iniciamos nuestra exposición, y debemos recordar, que como un paso previo al inicio del impulso regeneracionista, desde las Siete Partidas, existe una constancia de rendir cuentas y gestionar honestamente los caudales públicos. Pero desde el siglo XIII, se han producido muchos acontecimientos por nuestra historia, y podemos constatar, que hay más anécdotas de opacidad que de un ejercicio de transparencia. Si recordamos la forma altanera del Gran Capitán, en la forma de rendir cuentas, encontramos un referente imitado por muchos de forma vergonzante. Nos ha perdido esa falta de control en la conquista de los imperios, apropiarnos de los nuevos mundos, dejándolo en manos de “virreyes” que nos hundieron en la decadencia, como un fracaso de gestión de lo público. Hay denuncias significativas, que se calificaron como la “historia negra de España”. Lo cierto es que arrastramos un lastre, donde el protagonismo de la Inquisición deja su impronta en estas épocas absolutistas. Desde esa visión de la patria España, surgen los regeneracionistas del siglo XIX, que observan al país como un presidio suelto, una mala hierba, donde la corrupción crecía por todos los rincones, porque robar al Estado se consideraba una práctica de hacer fortuna. Con esa concepción la impunidad de los que han actuado contra los bienes comunes se ha convertido en algo habitual, consagrar que “robar al Estado es un camino, como cualquier otro para enriquecerse”, tenemos ejemplos para aburrirnos. Se precisa con urgencia, que las instituciones, jurídicas, administrativas, reguladoras y de apoyo a la estructura del Estado no se “encallen” y dejen de actuar como un pendón de compromisos de los partidos políticos que desgobiernan el país desde hace siglos. Precisamos recuperar la ética pública, ya que los que robaron histórica y recientemente, será muy difícil que devuelvan los bienes comunes sustraídos a nuestra sociedad. La sociedad civil de hoy, tiene un deseo de regenerarse, romper con su “historia negra” que nos ha perseguido desde siglos como una maldición.
Debemos ahondar en la mala hierba y nadie mejor que recuperar las denuncias que hiciera Mallada, uno de los regeneracionistas del XIX, que con realismo nos dice: “que España está sujeta al caciquismo nacional, regional, y local, como un hecho demostrado en su historia social. En tiempos del absolutismo real, el cacique se disfrazaba de fraile y se amparaba entre sus venerables pliegues de sus mantos religiosos. En tiempos de revueltas, se infiltraba en las filas de los ejércitos. En tiempos de las luchas pacíficas, se introducía en las filas de los partidos y llenaba con su presión los votos de las urnas democráticas. Enseñó a sus políticos el arte de escalar el poder y la manera sutil de cómo cambiar de chaqueta. Con su influencia, redactó programas políticos, participó en comités de las políticas locales y nacionales, y consiguió que sus leales seguidores fueran elevados a los puestos relevantes de los gobiernos locales, regionales y nacionales. El caciquismo tiene tanto poder, que han neutralizado las más firmes convicciones y ha tumbado los más rectos propósitos, ha esterilizado las leyes más sabias y ha podido anular las sentencias más acertadas”.
El caciquismo que nos describe Mallada, en los Males de la Patria, se ha enquistado en todas las esferas y en sus instituciones, y sus efectos contaminantes han llegado hasta nuestros días. El dominio en las listas cerradas y la opacidad de los partidos, son un claro ejemplo de esta enfermedad endémica. Es difícil encontrar instituciones libres de estos efectos. todas han sido contaminadas por esta ideología perversa de la opacidad. Impulsar la transparencia es democratizar el poder, pero no podemos olvidar, que el poder quiere perpetuarse allí donde se instala.
Y más recientemente, Alejandro Nieto, catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Complutense y expresidente del CSIC, en su libro “El desgobierno de la público”, se posiciona también de una forma muy crítica, diciéndonos que “el secreto de la política actual, se encuentra en la falsificación de todas las instituciones y en la manipulación de todas las personas, porque ha sabido controlar tanto el sistema económico, que es el eje de la economía, como la democrática, que es el eje de la política, y de lo que se trata por los poderes es utilizar a ambas, la economía y la política como rehenes”.
A esta labor han apoyado los medios de comunicación, prensa y TV, haciendo que la manipulación no genere rechazo, antes bien adicción, trasladando a esa mayoría silenciosa, un efecto de felicidad extraña, algo parecido, a la felicidad que sienten los clientes de los grandes almacenes consumiendo sus productos, o los consumidores de marcas más selectivas, luciendo sus logotipos, sin pensar que todo es un montaje para dominar a los ciudadanos bajo le opresión de un consumo de chatarra. El dominio de las instituciones del Estado y el control de los ciudadanos por otro, así por lo menos nos lo recuerda Robert Michels con su histórica “ley de bronce”, donde manifiesta que la democracia es cautiva en un círculo irrompible de la oligarquía, el caciquismo y los grupos políticos.
Precisamos de una Ley de Partidos donde se configuren de forma más democrática a su actual funcionamiento, para que en vez de ser gobernados por un reducido número de barones, sea su militancia, sus simpatizantes y votantes, los que impulsen a los líderes en sus diferentes esferas de responsabilidades. Los periodos de mandato no deben de alargarse indefinidamente en el tiempo, sino concretarse a periodos cortos, su renovación con normas claras, los congresos periódicos, bianuales como mucho, y la transparencia de sus ingresos sea del total de todos sus gastos, conociendo tanto las cuotas, las donaciones y cualquier ayuda, si esta es cuantificable en lo económico. Sus cuentas auditadas, deben estar en la red para conocimiento de todos.
Pero no es sólo su economía, sino que nos interesa conocer sus actividades, sus agendas, porque conocer sus patrimonios, no es lo más relevante, esos hay que conocerlos como los de cualquier contribuyente, lo relevante es saber con quién se reúnen, con quién comen, toman café, etc. Lo público es de todos, la actividad pública debe ser transparente, y no es ninguna excepción, en otros países se funciona con más transparencia, por ejemplo, todo el mundo puede conocer la agenda del presidente Obama en el día a día.
Los politólogos modernos han calificado como de “cleptocracia”, esta adicción de los políticos de apropiarse en su provecho, de las decisiones en el ejercicio de la función pública, con una visión entre poder y corrupción, que se persiguen como la sombra acompaña al cuerdo humano. Es un estado medio clandestino en donde algunos políticos con su influencia en los circuitos de la Administración, se enriquecen de los ilícitos, ilícitos que muchas veces no siempre son en efectivo, sino utilizar el poder, la influencia, relaciones, y otras veces se compensan con bolsos, relojes, viajes, trajes, coches, y tantos otros medios.
La corrupción se ha extendido a todos los ámbitos jurídicos, políticos y sociales. Se precisa empezar desde la sociedad civil, porque unos pocos se han organizado un paraíso, cuando la mayoría vivimos en el infierno de la desigualdad. Un mal que se arrastra en este país, donde entre los grupos de poder, controlan la riqueza, la política y las instituciones, es urgente democratizar y denunciar, porque como dice Tony Judt: ¡algo va mal!
Y algo va tan mal, que así lo recogen las encuestas de opinión, que están señalando y valorando “los males de la sociedad actual” con tal gravedad que no podemos retrasar la aspiración de cambio que demanda la ciudadanía. Hay que pasar del desastre y la sumisión al gobierno de lo común. Con una nueva cultura que termine con la fiesta servil a la que estamos sometidos a un precio de escándalo, según lo organiza cada gobierno. No me sitúo en el catastrofismo, lucho con las ideas para no soportar más falsificaciones, sin perder de vista cuales han sido las causas y los causantes de la crisis, porque es un deber de la ciudadanía tener presente porque hemos llegado a esta situación y sus consecuencias, y no permitir que se perpetúe y hunda a las generaciones del futuro, más de lo que estamos ahora. Tenemos el compromiso de darle solución a este embrollo, limpiando el país de los que lo han asolado, y democratizar lo que entre unos pocos nos han desgobernado. No debemos tolerar por más tiempo esta situación.
Porque la tolerancia la debemos aplicar a una convivencia más solidaria, nunca para permitir que algunos políticos, empresarios y del establishment, figuren en las listas de los defraudadores habitualmente, como por ejemplo la lista de Falciani, y tantos patrimonios ocultos en paraísos fiscales y no pasa nada. No debemos dejarnos engañar por aquellos que agiten banderas, porque lo importante no es el color del tejido de la enseña, sino ver con claridad las manos solidarias de los que las empuñan y enarbolan, porque si las banderas no surgen de las entrañas del pueblo, sus sentimientos no son liberadores, y las libertades las queremos para participar entre todos en un proyecto social de novísima creación. Con esa ilusión de cambio, el catastrofismo, se convierte en positivismo social.
Nuestra reclamación se centra en la necesidad de las normas de participación, de control del gasto y de transparencia, porque no podemos seguir viviendo en una zona de grises y con una sociedad que ve hundido su destino. La transparencia económica y social constituye uno de los objetivos y logros de una sociedad moderna, en aras de una verdadera democracia, por una eficiencia económica, y desde luego, para conseguir un mínimo de nivel de equidad social. Moralmente estamos obligados a ello, y hay que atajar con valentía todas las conductas indebidas o irregulares, tanto en el terreno público como en el privado, lo contrario nos lleva a una miseria y la pobreza de sus ciudadanos y de sus instituciones. En el siglo de la información y del conocimiento, los ciudadanos queremos saber, queremos colaborar, queremos participar, y queremos que se nos rindan cuentas. Así por lo menos está recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2.000. Son conceptos claros que definen los campos de la Dignidad, Libertades, Seguridad, Igualdad, Solidaridad, Participación Ciudadana y Justicia. Deseo trasmitir una nueva ilusión a todos aquellos que desean actuar sobre sus causas, porque es un problema interdisciplinar que abarca todos los sectores. Especialmente queremos resaltar los siguientes:
Transparencia del sector público: El sector público es fundamental en nuestra sociedad, por su importancia en la economía, y vela por el buen funcionamiento de la seguridad, la libertad, el bienestar y la cobertura social de los ciudadanos, es por ello que el nivel de transparencia nos afecta muy sensiblemente. Conocer las cuentas y las liquidaciones de los presupuestos de la Administración Central, Autonómica y Local es esencial. No olvidemos, que con los presupuestos tenemos que establecer los equilibrios sociales, los sectoriales, los territoriales y los generacionales. Sin olvidar que la deuda de hoy, es la contribución que les dejamos a pagar a las generaciones venideras, hay que establecer el equilibrio, es una tarea colectiva, no de un grupo de técnicos, o de un partido político.
Gasto público y sociedad civil: Los Presupuestos Participativos
¿Por qué es importante hablar del gasto público? Porque cuando abandonamos el control y la buena gestión del gasto se convierte en dominio de los depredadores y en una explotación de los más débiles socialmente. Las Cartas de Derechos Constitucionales, tienen su origen en los acuerdos de contribución y rendición de cuentas. Hoy lo vivimos con la máxima crudeza, el gasto público, es el grito del ciudadano por la reclamación de su “constitucionalismo del gasto”. No se puede modificar la Constitución, rompiendo el equilibrio del Estado Social de Derecho.
Así lo analizamos desde los Presupuestos Participativos donde el gasto público lo concebimos como algo inseparable de los ciudadanos, porque una aplicación del gasto equitativa y democrática se realiza más eficazmente con los ciudadanos. Esa correspondencia debe aplicarse sea cual fuere el ciclo económico, pero esa estrecha relación aún se precisa más hoy, cuando la recesión económica sitúa a la economía en una depresión sin precedentes.
Ciudadano y gasto público se unen en la metodología de los Presupuestos Participativos como conceptos entrelazados, que se fusionan en el proceso de la actividad política, uniéndose y enfrentándose, con la aspiración de ver incorporadas las demandas ciudadanas en los presupuestos públicos cuya periodicidad anual -como decía Fuentes Quintana- debería aprovecharse para mejorar la función pública, tanto en los tiempos de auge como en los de recesión que ahora vivimos. Sin embargo los presupuestos se han convertido, para unos, en el dogma de una doctrina neoliberal para reducir el Estado del bienestar y, para otros, en ocasión de reclamar aquello que se necesita. De tal suerte que, unos y otros, han convertido el presupuesto en motivo de desencuentros y en demanda de lo que no se quiere negociar participativamente.
El control del presupuesto y la forma de rendir cuentas han sido, y sigue siendo todavía, una víctima de los abandonos que la Administración Pública hace de los bienes comunes de la sociedad. A tal abandono no es ajena su estructura que se ha ocupado ampliamente de las formalidades estructurales del gasto (presupuestos, contabilidad, autorización, información, etcétera) pero ha dejado el control para una fase posterior en la que, además, su proceso de liquidación no incluye una crítica a los políticos que los han ejecutado. Así, las formalidades en los procedimientos vienen a ser un manto protector para las decisiones de los políticos, lo que en la práctica ha supuesto un cheque en blanco en manos de la clase política, según se demuestra cíclicamente.
Es por ello que el presupuesto tiene que cambiar. El gasto público que en él se consigna solo tendrá un garante en su largo recorrido anual cuando se cumplan lo que los anglosajones llaman la “acountability”, y en nuestro vocabulario se traduce por rendición de cuentas, la acción que tiene su significado en una larga tradición hacendística, de rendir “la cuenta”, y que precisa que los ciudadanos tengan presencia en el proceso y exijan un análisis de las liquidaciones presupuestarias adecuadas, comprensibles y no alejadas en el tiempo, porque no se comprende que se liquiden presupuestos con retraso y que se auditen con varios años después de liquidados, cuando muchas veces ya no están los políticos que los ejecutaron. Es la garantía que debe ofrecer el empleo del dinero público. Desde esta óptica rechazamos con firmeza los guetos intelectuales así como los discursos de aquellos que, apoyándose en una concepción puramente teórica, entienden y defienden que los presupuestos y la gestión del gasto público solo compete a la política económica de los gobiernos, a los cuales corresponde “en exclusiva”, ––por el mérito de haber ganado en un proceso electoral–– la elaboración, ejecución y control, considerando que cualquier otra participación ciudadana supondría una injerencia, una introducción de elementos discordantes en los presupuestos.
Las cuestiones políticas del presupuesto
El método presupuestario que deberían desarrollar las administraciones se conecta hoy en día desde una concepción más abierta, desde una visión del Government, un concepto del Estado más acorde con el pensamiento keynesiano, donde lo social esté presente en sus múltiples organismos y empresas públicas. Este nuevo concepto despierta críticas al tamaño del Estado, su papel, sus formas de gestión, sus formas de distribución y, por qué no decirlo, hasta sus formas de coacción. En sus réplicas a Milton Friedman, Klein nos recuerda que la dimensión del Estado está en relación directa con la disparidad en las oportunidades para los ciudadanos, las dificultades del acceso a la educación, sanidad y otros servicios públicos, además de su influencia en la concentración de la riqueza y el poder. En efecto, de que la dimensión del Estado se configure de una forma u otra depende la equidad en los necesarios intercambios, porque a menor tamaño del Estado, mayor coacción de facto ejercida por personas o grupos de presión sobre la sociedad, lo cual representa un desequilibrio de fuerzas. Se precisa de un ‘Estado equilibrador’, un modelo que se aleje de lo que se conoce como ‘Estados mínimos’, que es el peligro que estamos observando en el actual resurgir de los movimientos neoliberales que se alimentan desde la ‘troika’.
Del neoliberalismo a la participación
En la revuelta neoliberal que vivimos, se mezclan conceptos que están confundiendo a la sociedad civil. Porque una cosa es la proliferación de organismos, empresas dependientes del sector público, mantenidas por la vía de las subvenciones (o directamente partidas de manifiesta ineficacia, así como el apoyo a proyectos enmarcados en la vanidad de los políticos o su perversa ansiedad de grandeza, los cuales se han presentado como una panacea para el desarrollo de los territorios, además de lo gastado en crear medios de comunicación que divulgaran sus políticas) y otra muy distinta es el Estado promotor que desarrolla las políticas económicas con el fin de crear las condiciones adecuadas para crear empleo, distribuir riqueza y mantener los servicios públicos. Mirando los despropósitos presupuestarios ––nos dice Tanzi–– es el momento de podar el presupuesto para que pueda crecer y dar sus buenos frutos. Pero la poda presupuestaria a la que Tanzi nos invita, nada tiene que ver con los recortes a que estamos siendo sometidos que han minado los principios del constitucionalismo del gasto de la sociedad del bienestar.
Control y participación
Con frecuencia se habla del control del gasto público, pero en muchas ocasiones, bien por interés encubierto o por confusión, tiene un sentido invertido ya que oculta la intención de eliminar programas que afectan a las demandas de servicios públicos, que nada tienen que ver con un sentido económico de más eficiencia y economía en los presupuestos. Esa falta de racionalidad en el gasto es precisamente la que nos ha llevado a la actual situación de déficit, y nos ha enfrentado en la aplicación de los recortes con un conflicto social sin solucionar el verdadero problema: ser más eficientes y eficaces con el presupuesto, o sea, hacer más con menos. Aquí radica el punto de encuentro con la sociedad civil, porque el control reglado, las formalidades legales y funcionales, no han añadido los elementos que se precisan para este cambio, sin embargo el control sobre la gestión, ejercido desde esferas externas resulta muy positivo para actuar coordinadamente en la forma de gastar lo presupuestado.
Control y participación son conceptos que han tenido su asentamiento y desarrollo, en procedimientos en los que la rendición de cuentas a los ciudadanos es consustancial a las políticas de gasto. En Europa son muchos los municipios que lo tienen como un sistema regular ––como se recoge en el trabajo de investigación sobre ‘Los Presupuestos Participativos’ –– cuyas experiencias han tenido como consecuencia que también se hayan desarrollado iniciativas para analizar los déficit presupuestarios y la deuda contraída, empleando para ello procedimientos como el de las ‘auditorías ciudadanas’ , en un conjunto de iniciativas que busca mejorar procesos de control del gasto, que se puedan hacer más proyectos, o cambiarlos por otros de más necesidad social
Hacia una función pública participativa
Nuestra sociedad vive un proceso de reconstrucción, o mejor de modernización del Estado, en dos dimensiones: dotar a las Administraciones Públicas de mecanismos que les permitan una intervención efectiva en la gestión y control de sus políticas públicas y, en segundo lugar, dotarnos de una Ley de Transparencia que convierta al hermetismo actual en un gobierno de participación, una gestión de lo público con mecanismos de disposición y apertura, ya que, con los medios informativos actuales, el reto de la información abierta es una realidad plausible. Solo falta la voluntad de abrir ventanas para que todo pueda ser consultado en Internet, los actos de la Administración pública, deben estar informatizados y a disposición de los ciudadanos, con las salvedades de las normas de privacidad, pero el día que desde nuestro domicilio podamos resolver nuestras relaciones con la Administración, podremos destinar muchos esfuerzos a otras necesidades, y el ciudadano habrá superado la barrera de la ventanilla y del expediente inalcanzable de una Administración poco transparente.
Nos dotaríamos así de una función abierta, en la que ciudadanos y funcionarios se integrarían en el proceso de gestionar eficientemente el gasto, huyendo de la concepción trasnochada de expedientes, números y clasificaciones, que tanto embrollo administrativo ocasiona. En definitiva, una vida más sencilla de la actividad administrativa, en la que el futuro que se programe y presupueste se mezcle con las necesidades de los ciudadanos y sus administraciones, ahora en una gestión sencilla, habida cuenta de que las vías informáticas han solucionado muchos viejos problemas. No es la ‘ventanilla única’ lo que se precisa hoy sino la ‘relación única’, de un funcionariado que se integra con la demanda del administrado la cual dirige, por las vías virtuales de lo público, hasta dar por solucionada las aspiraciones ciudadanas.
Este es el reto de la sociedad del futuro: compartir el progreso y compartir los presupuestos para facilitar el cambio en la sociedad del bienestar. Hasta ahora, la miopía lo está concentrándolo todo en restar, tanto derechos como retribuciones, pero hay otras formas, como renunciar para compensar: un paso importante que no tiene coste económico, sino todo lo contrario, y mejora la gestión. Proponemos, pues, un nuevo ciclo de funcionamiento cuya puesta en marcha es perfectamente factible, aunque parece como si el miedo impidiera su implantación efectiva. ¿Será por temor a perder el poder de decisión? En la crítica del sistema político que realiza Przeworski nos recuerda que existen formas burdas de control, dado que los votantes sólo tienen una decisión que tomar en relación con todo el paquete de políticas gubernamentales tomadas a lo largo de una gestión de gobierno. En consecuencia una evaluación única, esporádica, cada cuatro años, es deficiente y evapora las posibilidades de una censura y control de la gestión pública que sitúa al ciudadano, cada vez con más frecuencia, en la ‘duda metódica’. Duda sobre el sistema, sobre su voto y sobre la representación política.
En la misma orientación, O’Donnell señala que para una eficaz accountability deben existir mecanismos independientes, estructurados fuera de la Administración del Estado. Es la acción ciudadana que no solo debe actuar en verticalidad, de abajo arriba, sino también en las redes horizontales.
Recomendaciones internacionales
Es cierto que estos mecanismos de control ciudadano no figuran de una forma estructurada e imperativa en los ordenamientos jurídicos. Se recomienda la participación ciudadana, existen departamentos para su teórica ejecución, se promueven actos para invitar a los colectivos a actuaciones conjuntas, pero separando esferas, ‘cada uno en su sitio’, sin compartir el poder, olvidando que es precisamente el ciudadano el que le ha prestado ese poder. Pero en muchos países e instituciones, como es el caso de Reino Unido, Canadá, Australia, Holanda, Francia, Japón, Brasil, con una especial relevancia en los Estados de Rio Grande do Sul y Sao Paulo, Uruguay, Perú o Argentina, se han iniciado experiencias de gestión compartida que abren nuevos horizontes. Es de especial relevancia la aprobación de las normas para un Gobierno Abierto, aprobado por Barak Obama (21/1/2009), cuyos objetivos de transparencia, colaboración y participación, son un referente.
Gobierno de lo común y participación
Compartir y administrar lo común, es una forma de autogestión de los medios económicos, donde la incorporación del ciudadano a la vida pública, por un lado actúa en representación de grupos ciudadanos y, por otro, como colaborador en las acciones políticas para mejor colaboración con los funcionarios, sus evaluaciones y las formas de desempeñar su labor. Cuando mencionamos los déficit, a veces nos olvidamos de los ‘déficit institucionales’, que no aseguran su representación con plena responsabilidad, por la falta de engranajes que acerquen políticas y ciudadanos, tarea que cada día es más esencial. Anechiarico y Jacobs, nos lo recuerdan hablando sobre el combate contra la corrupción, para evitar el coste social, y recomiendan ir más allá de los controles tradicionales, rescatando el optimismo y el entusiasmo sobre el servicio a la Administración Pública. En este nuevo proceso es esencial habilitar la forma de incorporar el interés de la participación ciudadana en el control del gasto público, consiguiendo una eficaz prevención de los intentos de corrupción.
El profesor Nieto nos señala que, por desgracia, con demasiada frecuencia se manifiestan aún entre nuestros cargos políticos una ‘cultura’ de la chapuza y el chanchullo, cuando no la pura y simple consideración de la Administración como “un cortijo” del partido gobernante, del que se obtienen sin escrúpulos pingües rentas y en el que se coloca directamente a los amigos.
Estas denuncias, unidas a las que conocemos en el día a día, nos llama la atención sobre una Institución como el Tribunal de Cuentas porque ––como nos dice Caamaño–– a su ineficacia se une el hecho de que sus miembros son una “suerte de comisarios políticos” (derivado de su nombramiento por los partidos) que consagran la tradicional debilidad de los controles externos, convirtiéndolo en una institución obsoleta, sin independencia y falta de eficacia, con interferencias políticas. Nos sonroja el hecho que los informes del Tribunal, se entreguen a una comisión mixta Congreso-Senado y, una vez pasado el filtro, se facilita un resumen al Congreso para su conocimiento.
Se precisa fortalecer la democracia, no solo como reto, sino como obligación y, si la participación ciudadana utilizando como instrumento los presupuestos públicos es un elemento revitalizador, estamos comprometidos con esa tarea. Una tarea que no es solo de tipo presupuestario sino que tiene que ampliarse, según mi opinión a otros sectores de la vida, como son:
a) Transparencia en los mercados financieros: Los ciudadanos participan diariamente en los mercados financieros, son sujetos pasivos, no intervienen, no controlan, solo son usuarios y depositantes e inversores de sus ahorros. Es por ello que los mercados tienen que ser transparentes y estar controlados. La opacidad que se impone, es un obstáculo para la seguridad. Ciudadanos, agentes, analistas, gestores, instituciones y controladores (auditores) deben ir en la misma dirección: ser transparentes y hacer de cada operación un ejercicio de información al inversor, con sus detalles del rendimiento, gastos y comisiones y riesgos de presente y del futuro.
b) Transparencia religiosa: No podemos olvidarnos del componente religioso en cada sociedad, cada vez que analizamos un problema, nos podemos encontrar con sus raíces en ideas o sentimientos religiosos. Es por ello que necesitamos que las religiones no sea un círculo cerrado, sino transparente. Se precisa informar desde la educación primaria del respeto de todas las religiones, de cuáles son sus aspectos básicos y su interpretación de la vida. Tenemos que buscar el carácter tolerante respecto a todas las opciones, porque hay que convivir con diferentes formas de pensar.
c) Transparencia en todos los niveles de la enseñanza: desde primaria a la universitaria. Es esencial que el funcionamiento sea abierto, desde su base educativa para culminarlo en la etapa universitaria. Procesos de evaluación, conocimiento de los planes del profesorado, su formación continuada. Las evaluaciones del conjunto de cada institución. Su integración con la sociedad y la divulgación del conocimiento. Desde la universidad se tiene que impulsar la transparencia, como un mensaje de identidad para fortalecer el conocimiento.
d) Los profesionales: Sociólogos, politólogos, economistas, abogados, y los profesionales de los medios de información, así como todos los que desarrollan su actividad en el complejo mundo de los servicios, son más responsables, porque la profesión se debe ejercer con la sensibilidad de la materia que tratan y la influencia que ejercen, para mejorar la sociedad en sus aspectos de la técnica de cada especialidad, nunca para ser utilizada en contra de los intereses comunes. Seremos más transparentes en la medida que nuestros profesionales los sean.
Necesitamos una mayor conciencia social y una sensibilidad especial para luchar contra la corrupción, los resultados de esa lucha nos darán una mayor o menor equidad social. Por eso una sociedad moderna que no aborde estos problemas correctamente, vive sobre la falsedad.
Y para evitar sus causas tendremos que emplear medios y propuestas, que a modo de resumen podemos señalar las siguientes:
La primera: Queremos ser libres. Lo cual quiere decir claramente, que no queremos que nos dominen los que tienen el poder, aquellos que detentan desde su 1% exclusivo, todos los privilegios, con asentamiento en los paraísos fiscales y en corporaciones gobernadas desde la insumisión a un desarrollo sostenible y socialmente equilibrado. No pretendemos vallar el campo, desde nuestro realismo local, queremos que los bienes públicos y especialmente los presupuestos sean controlados por los ciudadanos. Los ciudadanos, queremos colaborar, controlar, que nos rindan cuentas, porque deseamos un sistema transparente.
Segunda: queremos que nuestros ciudadanos no vivan oprimidos por el miedo. Miedo en perder su puesto de trabajo, miedo a perder su derecho a la sanidad pública, miedo a la discriminación de la enseñanza, miedo a no tener una jubilación, miedo a perder los ahorros. Este aumento de todos los miedos, aumentan también los resentimientos. Los ciudadanos viven en estado de ansiedad y de incertidumbre. La difusión de estos grandes pánicos sociales, nos están invadiendo como amenazas indeterminadas, confundiendo todos los desequilibrios del sistema, en una inestabilidad del empleo, en los choques tecnológicos y biotecnológicos, a su vez lo mezclan con las catástrofes naturales para que se aferren al poder existente con una visión de seguridad para solucionar los daños causados, aunque sea tardíamente. Hay que salir de la inseguridad generalizada. Esto es un desafío a las democracias, porque ese “temor difuso” lo transforman en ocasiones en odio y repulsa. Así por lo menos lo observamos en alguna vida local y en diferentes países europeos, dirigiendo ese odio, no al que es el causante, sino contra el extranjero, el emigrante, el diferente, los otros, todos aquellos que no son los míos, y así crecen los partidos xenófobos, racistas y de extrema derecha, y algunos con ideologías de camuflaje, que pretenden pasar por progresistas, cuando sirven al sistema desde sus alcantarillas. Esa economía y política del miedo, impide actuar en el campo de la reivindicación por eso queremos sumar, todas las ideas que aglutinen los deseos individuales para conseguir un programa colectivo que fructifique en beneficio de todos.
Tercera: Queremos que el constitucionalismo del gasto sea respetado. Queremos una equidad en los tributos, con un control del fraude. Que no se den facilidades a las economías especulativas. Queremos que las propuestas para cubrir las vacantes en las instituciones de control se realicen a propuestas de las minorías, y lo mismo en las auditorías externas, por los accionistas o socios minoritarios, el nombramiento se realizaría por sus órganos correspondientes, congreso, juntas generales, pero a propuesta de los que no tienen el poder mayoritario de las instituciones. Queremos más equilibrios entre los que gobiernan política y económicamente, con un código de buen gobierno, y que las minorías controlen su cumplimiento, y las desviaciones se denuncien y que haya cauces para revocar a todos los que lo incumplen según sus compromisos en sus programas electorales. Queremos que la justicia sea ejercida con eficacia y con rapidez, para que lo juzgado y los hechos no los separe un tiempo excesivo, porque la mayor injusticia, es la justicia que se aplica tardíamente.
No entendemos la política sin partidos políticos, nos unimos a los deseos de muchos europeos que están reclamando un cambio de las reglas de juego, porque queremos desmontar el truco de ser llamados periódicamente a votar con un sistema electoral inapropiado. Sin miedos, necesitamos reformar nuestra Constitución, para que los ciudadanos tengan más poder de participación, en especial, que se garantice más justicia social y que se sancione, sin atenuantes, a los responsables del actual naufragio. Un naufragio que no ha sorprendido a nadie, que la sociedad vivía perpleja pensando cuando estallaría un sistema que sin seguridad daba créditos a todo especulador, y alimentaba las hipotecas basuras, con un sistema manifiestamente injusto, en un mercado que pretendía arreglarlo todo, hasta que la explosión del delirio ha salpicado a los más desprotegidos.
En esta historia, el Estado ha sido un actor central. Pero un actor mal colocado, porque cuando debía controlar no lo hizo, y ahora tienen que cargar con todo el peso del desastre y para colmo quieren reconvertirlo en algo más pequeño, renunciando a muchas de las misiones que tenía asumidas. La prueba más evidente de este fracaso del sistema neoliberal actual son los ajustes y rescates, poniendo en evidencia que los mercados son incapaces de autorregularse. Se destruyen por su propia voracidad. Por su propia ley de cinismo neoliberal: se privatizan los beneficios, y se socializan las pérdidas. Ahora pagamos todos los ciudadanos las excentricidades irracionales de los banqueros, invirtiendo las amenazas, a los que no pueden pagar sus hipotecas. Al grito de que se puede empobrecer aún más a población, como ha ocurrido en algunos lugares, nos situamos al borde de un incendio social, consecuencia de la Gran Depresión que vivimos. Hay cifras que demuestran la brutalidad de este sistema injusto: 23 millones de parados en la UE y más de 80 millones de pobres, con una población juvenil víctima de la situación sin futuro, con un paro de más del cincuenta por ciento según edades, haciendo de los jóvenes las victimas principales de este Gran Desastre económico. No debemos de extrañarnos que Madrid, Londres, Atenas, Roma, Nicosia, Lisboa, sea una ola de indignación que la juventud vive con fuerza y desesperanza.
Por otro lado, debemos señalar que las clases medias, viven una situación de angustia, están asustadas contemplando con pavor, porqué el neoliberalismo las ha abandonado, y su situación social es irreparable hacia la destrucción, situándose aterradas al borde de su precipicio ideológico, sin encontrar donde agarrarse. Con facilidad se unen al grito de “no nos representan”, porque la orfandad, les ha empujado fuera de su camino tradicional.
Cuarta: Queremos una sociedad civil activa, exigente con sus instituciones, muy vinculada a los movimientos sociales que son los dinamizadores de las reivindicaciones sociales. Queremos una instituciones políticas (partidos), económicas (empresariales), trabajadores (sindicales) y sociales y religiosas (confesiones y ONG), que cumplan con sus fines, que no sean organizaciones cerradas, rindan cuenta de las subvenciones públicas que reciban, renueven sus instituciones por procedimientos abiertos y por principios democráticos, y que no caigan en los errores de ser gobernados por cúpulas que impidan avanzar con la evolución social. Queremos un Estado limpio, unas instituciones transparentes, y queremos que cuanto antes se modifiquen las normas, para que ningún presunto corrupto pueda tener presencia en la vida política ni un minuto viviendo de su cargo y del presupuesto público. No queremos que la sombra de la corrupción esté presente en las instituciones, porque preferimos un mártir de la democracia, a mantener a un indeseable pisando las estructuras de las administraciones públicas.
Por último, no podemos olvidar que lo que se inició con una ilusión de un futuro a desarrollar con la globalización se vislumbra muy suspendido, y cada vez se habla más de la desglobalización y del decrecimiento. Hemos dejado que el péndulo de la economía neoliberal haya ido demasiado lejos, tan lejos, que se ha situado en la dirección contraria. Es la hora de recuperar las políticas sustantivas que inyecten en la sociedad global un nuevo impulso. Un impulso positivo, porque hasta ahora lo que hemos conseguido es volvernos furiosamente los del sur contra los del norte. Hemos permitido que un país como Alemania, nos imponga sus directrices, sus restricciones y su modelo, un sistema que no ha respetado constituciones, y que ha enarbolado un programa de sadismo económico. Europa, fue un signo de liberación, deseábamos a Europa para superar nuestros defectos históricos, y hemos conseguido que millones de ciudadanos, vean a Europa como sinónimo de castigo y sufrimiento, hemos conseguido lo peor, convertirla en una utopía negativa.
Esta crisis actual, en la búsqueda de la salida adecuada, tiene que afianzar la transparencia de todos sus instituciones, por eso no queremos dejar fuera de la Ley de Transparencia a ninguna institución, desde la Casa del Rey hasta el último organismo. Este nuevo proyecto tiene que ir acompañado de un cambio cultural y educativo, de nuevas ideas en el mundo del trabajo y una permanente democratización de sus instituciones. Necesitamos un movimiento político que reaccione frente a cualquier exceso de poder, que impulse la independencia de las instituciones del Estado, para no caer en influencias coercitivas, y que la única presión, sea para defender los servicios públicos con equidad y en distribuir las cargas de su mantenimiento. Esa nueva cultura cívica y participativa tiene que alejarse de toda influencia que les separe de los deseos de la ciudadanía, mirando más al ciudadano como soberano del sistema, que al soberano como institución, porque la primera institución de esa nueva sociedad no es tanto la corona, sino convertir la política en la rexpublica de todos, porque en ese proceso habremos conseguido, que ni los lobby de los oligopolios, ni los corruptos, puedan tener presencia. Y en eso consiste un primer paso hacia la transparencia.
Tenemos que reconocer que la socialdemocracia ha fracasado porque ha caído en la trampa de apoyar un sistema que la ha devorado en su enloquecida expansión y en el proceso de reducir el estado de bienestar, que era su principal conquista y sus señas de identidad. La consecuencia ha sido el desarraigo de muchos ciudadanos que pasan de la política, se abstienen, se limitan a protestar, o votan al “grillismo”, como una forma de preferir a un payaso autentico en lugar de sus hipócritas copias. Otros, votan a la extrema derecha, con aumentos peligrosos en los diferentes países de Europa, y otros se pasan a la izquierda de la izquierda, Es un escenario semejante a lo que ocurrió en América Latina hace más de un decenio, cuando el FMI amenazó con sus políticas las estructuras económicas y sociales de esos países. Reflexionemos sobre lo ocurrido y cuanto antes recuperemos los signos de identidad.
Se habla constantemente de la muerte de Europa. Pero, ¿Qué Europa? La acomodada al mercado mundial, esa Europa rechazada en algunos referendos, la Europa gobernada por expertos-tecnócratas. O la Europa de la fría razón de un sentido patético de defensa contra el déficit.
Debemos buscar una democratización de Europa, buscar sus sentimientos sociales que surgieron desde sus muy diversas revoluciones las cuales nos libraron en cada periodo histórico de la opresión. La Europa que ha mantenido viva la antorcha democrática de la antigua Grecia. Más Europa y menos nacionalismos, porque esos deseos de nuevos estados soberanos se convertirán pronto en presa fácil del capitalismo internacional porque sus medios de financiación destruirán la solidaridad y provocaran los enfrentamientos entre los Estados. El sistema capitalista lo tiene claro, después de cada crisis, más mercado global, es su calculada formula de repartir sus errores. Los ciudadanos de Europa, debemos buscar más gobierno de lo común, más democracia, más rendición de cuentas. Queremos terminar con el descredito de los políticos, porque queremos valorar la política, y volcar el descredito sobre los que han provocado esta Gran Crisis. Los ciudadanos tenemos que aprovechar esta crisis, y aprovecharla para un profundo cambio, porque el sufrimiento hay que transformarlo en la alegría de ganar una batalla, la batalla de la democracia participativa. No debemos caer en la trampa de democratizar el capitalismo, ya hemos caído una vez, ahora lo que tenemos que hacer, es democratizar las instituciones para que recuperen la ética social. No olvidemos que el mayor miedo que tienen los grupos de presión, no son los radicalismos de izquierdas, lo que más temen es que los ciudadanos recuperemos la “ilusión democrática”.
Para ello, tenemos que enterrar el miedo, asegurarnos que nos dirigimos al camino de la esperanza, para no renunciar a los sueños, sabiendo que despiertos tendremos que superar innumerables dificultades, pero el tesón hará que algún día consigamos cambiar el rumbo de las instituciones. Unas instituciones más democráticas, más transparentes, y que sean el vehículo de los nuevos poderes, para que la democracia no pierda, y recupere su esencia, será entonces, cuando de verdad despertemos, y tendremos un “Novísimo Estado Social de Derecho”, que será una realidad, si somos capaces, como nos ha dicho recientemente Caballero Bonald, al recibir el premio Cervantes, siempre que “defendamos con la palabra contra quienes pretenden quitárnosla. Esgrimirla contra los desahucios de la razón”, porque una sociedad decepcionada, perpleja y herida por una renuente crisis de valores, tiene que renovarse con un esfuerzo regenerador, y la transparencia es el mejor antídoto para curar los males que padecemos.
Nota: Para ampliar en las ideas expuestas reserva en tu librería el libro de próxima publicación “Ciudadano y Gasto Público” que la Editorial Thomson Reuters en su colección “Civitas” distribuirá en el próximo mes de septiembre.
