La transparencia es una enseña cuyo tejido no tiene color, lo que importa es que las manos que la porten no estén ensombrecidas por la corrupción o el despotismo
En el año 2006 los Inspectores del Banco de España se dirigieron al entonces ministro de Economía y Hacienda, Solbes (por no ser escuchados por el Gobernador Caruana), en los siguientes términos: “El nivel de riesgos acumulados en el sistema financiero español como consecuencia de la anómala evolución del mercado inmobiliario, es superior a lo que se desprende de los informes (…) el crecimiento del crédito bancario se hace insostenible (…) no hay medidas que controlen el proceso (…) y denunciamos que se está acudiendo a financiación ‘no tradicional’ como la ‘emisión de preferentes, deuda subordinada, titulación de activos y captura de créditos en la eurozona’, lo que puede causar riesgos desconocidos a terceros afectados”.
Si este escrito, registrado de entrada en el Ministerio de Hacienda a las 13:03:50 horas del día 26 de mayo, con el nº 20205/RG40736, se hubiera colgado en las web oficiales y publicitado en los medios de información, la catástrofe financiera hubiera sido de menor calado y no habríamos tenido que sufrir tantos acontecimientos desagradables, la destrucción de riqueza y oír los insultos a los banqueros imputados, porque es una barbaridad desearles que ‘vivan en su infierno’ y amenazarlos. Impresentable. Pero tampoco es de recibo que nos quieran mantener a los ciudadanos en el limbo.
Es la hora de la transparencia. Es la hora de revisar los sistemas de gestión, de refundar una Administración Pública en la que esté incorporado el ciudadano, mediante canales de comunicación a través de los cuales se conozcan sus necesidades y se dé prioridad a las mismas. Solo saldremos de la ambigüedad en las formas de gestionar lo común, cuando vivamos en una sociedad transparente que se relacione sin filtros y sin tanta opacidad.
Una sociedad que convive con un fraude del 23 % del PIB sin entrar en un coma nauseabundo, evidencia que administradores y administrados somos un reflejo de esa opacidad. De ahí que debamos actuar desde la raíz de los problemas para eliminarlos sin maquillajes. Sin las tradicionales trabas para escuchar al administrado se ganaría en eficiencia y competitividad.
Deseamos que pronto nos llegue la nueva cultura, denominada ‘gobierno abierto’, que se recoge en el proyecto de Ley Regional sobre la Transparencia. Pero sin una filosofía de principios nos quedaremos en un catálogo de mínimos, insuficiente para “abolir los agujeros negros” y para que los ciudadanos puedan acceder directamente a la información. En dicho proyecto echamos en falta una referencia explícita a la Administración Local que tan carente está del ‘espíritu de transparencia’, conforme acredita la recomendación que nos llega desde el Informe del Tribunal de Cuentas Europeo (2012).
También echamos en falta la creación de una “oficina del presupuesto” que, con absoluta independencia, vigile y controle la ejecución presupuestaria, para que los ciudadanos puedan conocer sus cuentas regionales con criterios independientes. Además debería reconocerse la participación ciudadana en los proyectos de inversiones, especialmente los que se financian con deuda, para no incurrir en situaciones como las que estamos viviendo con el aeropuerto de Corvera y la Desalinizadora de Escombreras, por ejemplo.
La transparencia exige que los planes de inversión no solo se discutan en despachos institucionales sino en espacios más abiertos: con los ciudadanos, y sin filtros de las cúpulas dirigentes. La apertura de procesos para priorizar el gasto ha dado magníficos resultados en experiencias realizadas en estados federales. La Constitución nos señala el camino de participar, conocer, evaluar y controlar la vida pública, sin más límites que los de la privacidad de datos personales. Es el camino de una democracia activa.
Se hace imprescindible una Ley que controle la financiación de los partidos políticos y sus campañas electorales, así como la de los agentes sociales que se nutren de fondos públicos. La participación de los ciudadanos, que nos aproximaría a una gobernanza más eficiente, puede canalizarse a través de los modernos medios de comunicación, con lo que el análisis de los planes públicos y la rendición de cuentas podrían ejercerse por medio de ‘auditorías ciudadanas’ siempre que se permita el acceso a los datos, que todo esté ‘colgado’ en la web pública de las instituciones porque hoy las relaciones son diferentes y perderemos oportunidades si no nos adaptamos. (Ver informe ‘Doing business in Spain’, en cuyo ranking hemos bajado diez puestos.)
La transparencia nos evitará ser víctimas de engaños y propiciará que las instituciones se conviertan en motores de una democracia activa que eche por tierra el viejo aserto de ‘hecha la ley, hecha la trampa’. En resumen: la transparencia es una enseña cuyo tejido no tiene color, lo que importa es que las manos que la porten nunca estén ensombrecidas por la corrupción o el despotismo. Abordémosla con fe en un ‘credo laico’ donde la nitidez ilumine la profesión de servicio a la sociedad.
José Molina Molina. Doctor en Economía y Sociólogo. Miembro del Pacto por la Transparencia. Publicado en el diario La Verdad (17-11-2013) Murcia (España) y en el Circulo de Economía.
