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La subversión del gasto público

 

Decía Herder Camara, que si no hay justicia no hay paz, cita que hay que recordarle al ministro de Hacienda que no entiende que la transparencia en el gasto público debe ser un compromiso de todas las Administraciones Públicas, para cumplir con la regla del gasto.

Sin embargo, Montoro está interpretando a su manera los conceptos y desprecia las recomendaciones de la AIReF como organismo independiente para el control. El último informe de dicho organismo lo dice bien claro, y sin embargo el ministro lo interpreta a la vieja usanza, un trato benévolo para los amigos y una regla dura de medir para el resto, lo que ha desatado una guerra inoportuna para la vida municipal, a cuenta de los objetivos del déficit y su cumplimiento.

Los objetivos de déficit han provocado en la vida municipal un auténtico terremoto por la arbitrariedad con que la norma se aplica e interpreta, además de su retrograda concepción para el control del déficit público, como lo ha calificado Economistas Frente a la Crisis (EFC) en su comunicado.

Una cosa es defender la estabilidad presupuestaria y considerar que los déficits y deudas deben mantenerse en los márgenes sostenibles que aseguren una financiación adecuada de las Administraciones Públicas, y otra muy diferente, es imponer como afirma EFC, un corsé injustificado, absurdo, contrario a criterios de racionalidad económica y de políticas de desarrollo que resumo brevemente para que se entiendan sus consecuencias.

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Se olvida y en estos momentos es grave, que la política fiscal no debe resumirse a una visión limitada de estabilidad presupuestaria, sino que debe coordinarse con instrumentos de gestión de la demanda agregada, y que con la flexibilidad, precisa avanzar en una convergencia económica y social entre las regiones. Algo no se ha hecho bien, cuando hemos llegado tan lejos en los enfrentamientos que estamos viviendo desgraciadamente.

Nos ha fallado saber integrar, cosa que nos recomiendan todos los estudios para garantizar el futuro de los países. Porque desajustar el gasto social y los servicios públicos prolongadamente, además de dificultar la convivencia, es un grave impedimento para la necesaria política de innovación y cambio de modelo, con un retraso en el desarrollo tecnológico, la investigación y la formación de capital humano. Otros países están saliendo de la crisis con menos coste social y menos ortodoxia neoliberal.

Hemos olvidado que ciertos automatismos de control presupuestario, abren la puerta falsa para la práctica de la bajada de impuestos en la errónea teoría de que el dinero está mejor en el bolsillo del ciudadano. Es la negación del Estado social, para reducirlo a un Estado de mínimos.

La última trampa de la regla del gasto consiste en establecer que “la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española”. Son tres esferas diferentes que no deben agregarse en una sola, para que una de ellas (p.ej, la Administración Central) oculte sus incumplimientos de la disciplina presupuestaria con los esfuerzos y cumplimientos de las otras. La evolución del gasto ha sido mucho más contenido en las Comunidades Autónomas y en las Corporaciones Locales que en la propia Administración Central.

Lo que bloquea la posibilidad de aumentar el gasto en la práctica, agravando con mucho la brecha en el nivel de gasto social de la UE.

Nos sitúa esta norma en el peor escenario, la discrecionalidad, la opacidad de las decisiones, y la propagación del miedo e incluso las amenazas de intervención, cosa que está empezando a pasar con algún Ayuntamiento que se separa de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Esta visión es la que anima a pedir la anulación de la norma de 2012, que se impuso en momentos políticos distintos y en situaciones críticas.

Y manifiesto esto, después de escuchar a muchos ciudadanos que están trabajando por una mejora en sus administraciones municipales, priorizando su gasto público, participando con sus ayuntamientos en la mejora de su ciudad, y soñar juntos que un Gobierno Abierto es posible.

Si el ministro no cambia, si no es más transparente, si no escucha a su ciudadanía que le está diciendo que se ha pasado tres pueblos, si no ve que la brecha social aumenta, es cuando tendremos que pensar que el tiempo de Montoro ha terminado. La ciudadanía no se merece, después de aguantar los efectos de la crisis, tener como responsable de su Hacienda Pública, a quien le niega el futuro.

 

José Molina Molina

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