Agradecer al Rector de la Universidad de Murcia, a la Fundación Caja Murcia, y a Thomson Reuters/Aranzadi, la organización de los actos, y en especial a Enrique Barón (ex presidente del Parlamento Europeo) y Eduardo San Martín (periodista), su colaboración y comentarios, y a los que han impulsado para que este trabajo viera la luz, ayuntamientos, foros ciudadanos, Círculo de Economía, Universidad y a cuantos amigos estáis aquí acompañándome. Gracias a todos por vuestro apoyo y por mantener interés en escuchar mis reflexiones.
Permítanme iniciar la presentación de este libro recordando mi compromiso por mejorar las estructuras sociales, económicas y políticas de nuestra sociedad, como objetivo de vida, porque siempre he tenido claro que todo aquello que hacemos en nuestro entorno es lo más efectivo y directo. “Actuar desde nuestro pequeño mundo” para conseguir dos objetivos: difundir el pensamiento que impulse el cambio social y que ese cambio constituya un compromiso para fortalecer la democracia. Porque si somos capaces de cambiar algo en nuestro entorno, como dice Stiglizt, asumimos que la democracia empieza en nosotros mismos, en nuestra vida y en nuestro territorio.
Desde esta concepción y la experiencia acumulada como profesional e investigador, he difundido mis trabajos en conferencias, seminarios, artículos y jornadas, explicando que el gasto público y el control ciudadano son elementos entrelazados, inseparables, y que para fortalecer esa unión, se precisa ir construyendo, paso a paso, un “novísimo estado social de derecho”, en él se respete la equidad en el gasto. Para ello, en una España que hoy está en ebullición (algo que es inquietante) he intentado poner el pensamiento económico al servicio del ciudadano.
Comparto y traslado un compromiso con las ideas renovadoras de los colectivos ciudadanos que quieren aportar sus propuestas, porque la actual crisis económica ha puesto de manifiesto que las democracias están en una deriva tecnocrática y de baja intensidad política.
No son procesos nuevos, son epidemias que pasan las sociedades. Y en esta tesitura, -en mi opinión-, ser demócrata es una actitud de disidencia porque no se puede aceptar que la triada poder/dinero/éxito reemplace a la triada: igualdad/dignidad/libertad.
Estamos en la disyuntiva del poder y del contrapoder. Y los desequilibrios ––ya sean económicos, políticos o sociales–– pueden poner en situación letal a una democracia formal, porque como dice Skidelsky, solo el compromiso de todos aquellos que no estén al servicio de los poderosos podrá recuperar el bienestar social.
El gasto público hay que analizarlo con espíritu crítico, pero hoy se insiste más en su tamaño que en mejorar su control, eficiencia y rendición de cuentas. Y además siempre se deja al ciudadano al margen del proceso, como si se tratara de un juego solitario en el que como dice Iturriaga, hasta podemos caer en el absurdo de hacer trampas.
En la ‘batalla del gasto’ está en juego la subsistencia del Estado de bienestar y, por ello, creo que nos debemos preguntar si en este juego del “presupuestador solitario” no estamos en una batalla más ideológica que económica, en la que a los ciudadanos se les ha impuesto el silencio, olvidando que es quien las financia. No queremos que nos devore el sistema. Y para evitarlo habremos de plantearnos cambios estructurales y políticos, sin orillar ninguno. Porque son precisamente esos problemas políticos, los que condicionan la relación del gasto público con los ciudadanos.
Hoy crecen dudas sobre demasiadas cosas. Se duda del sistema político, de la economía, del sistema electoral, del voto, de las AAPP y, sobre todo, se duda de que los representantes vayan a cumplir lo prometido. Todo ello provoca desafectación y protesta, a veces violenta, contra esta “cultura del desgobierno” que con tanta claridad ha expuesto el profesor Nieto.
Y la forma de actuar ante tantos despropósitos, es participando.
Ese es un objetivo principal que he abordado en este trabajo, asumiendo que, la complejidad del gasto público en la sociedad moderna, supone un reto que solo podrá superarse completándolo con las ideas que ustedes aporten.
Analizar el gasto público requiere examinar cómo se gestiona y cómo se distribuye, porque sabemos que responder a las demandas sociales desde la doble crisis ––política y económica–– ha situado al Estado en una posición de incapacidad.
El presupuesto ya no es el documento que desarrolla una función equilibradora y modernizadora del Estado, como decía Fuentes Quintana, sino un área donde se estrellan las preferencias de los ciudadanos, las cuales se topan, en primer lugar, con la desacertada gestión de los presupuestos regionales en cuya elaboración todos han buscado réditos electorales, más que una cooperación que fortaleciera el Nuevo Estado Autonómico.
Las desigualdades regionales son una evidencia, pero muchas veces hemos impulsado los sentimientos más encontrados utilizando métodos de análisis, como el de las balanzas fiscales, que se alejan del concepto de solidaridad al defender un asimetrismo de privilegios, amparado en derechos históricos o protagonismos nacionalistas, que muchas veces rompen con nuestros principios constitucionales. Una mirada a la situación regional española revela que superamos en descentralización del gasto a dos Estados federales de gran tradición, como son EE UU y Alemania. Solo tenemos por delante a Canadá y Australia. Vemos también que el 50% del empleo público se sitúa en los gobiernos regionales, cuando el Estado tiene el 22% y la Administración Local el 21%.
La participación en los ingresos del Estado ha constituido un drama institucional que no se ha resuelto bien ni en nuestro país, ni en la UE. No dimos los pasos para una construcción federalista del Estado y, por otro lado, la Europa de las naciones inició el camino de reformas precipitando un sistema financiero, con la creación del euro, sin haber asegurado antes un gobierno, un banco y una política fiscal. Los fondos estructurales europeos no son ajenos a estas disfunciones ya que se han financiado un montón de proyectos, sin haber discutido antes qué se quiere nivelar en las CCAA. Se ha caminado con muy poca coordinación. Así lo confirman los índices de convergencia con Europa que indican que, a pesar del esfuerzo, no se ha conseguido el acercamiento deseado.
Se aparcó la capacidad de fiscalidad real de cada territorio. Sin vocación de recaudar, por ser ingrata tarea, cada cambio de sistema de financiación autonómica provoca que todas las CCAA quieran más ingresos, e incluso alcanzar lo mismo que el que más obtenga (cláusula Camps) cuando la realidad pone en evidencia que las cosas no son tan sencillas. Hemos trasladado a los votantes la invisibilidad contributiva con los efectos perniciosos de la “ilusión fiscal”, una figura a la que nos han acostumbrado nuestros políticos, recurriendo a la deuda en vez de a la recaudación. Los estudios del IEF han puesto de manifiesto que el endeudamiento era el recurso más utilizado en las fechas previas a las elecciones.
[Abro paréntesis para resaltar que esta “ilusión fiscal” ha estado alimentada desde el control, mejor tendríamos que decir descontrol, que los políticos han ejercido sobre las Cajas de Ahorro, con un efecto tan nocivo que ha acabado destruyendo un sector que cubría el cincuenta por ciento de nuestro sistema financiero. Hemos visto la desaparición de nuestras cajas, su bancarización y lo que más lamentaremos en el futuro: las dificultades para continuar la gran labor que se hacía desde la Obra Social de dichas instituciones.]
Los ciudadanos debemos compartir la corresponsabilidad fiscal, para lo cual hay que conocer los ingresos y gastos, analizarlos y comparar los de unas administraciones con otras, para luego preguntarnos: ¿Cuánto es bastante? Es decir ¿cuántos recursos se precisan para equilibrar las necesidades de las tres administraciones? Advirtiendo también que a igual esfuerzo fiscal, igual coste de funcionamiento e iguales controles y transparencia para una rendición de cuentas bidireccional, con controles y auditoría del gasto por parte de organismos independientes.
Solo así podremos comparar.
Y hay que reformar sin miedos.
Reformar para gastar en lo que los ciudadanos sientan como necesario y construir un estado federal en el que, por una vez, andaluces, vascos, catalanes, aragoneses, murcianos, gallegos, castellanos y de todas las tierras de España den forma democrática a lo que nos es ineludible, sin mirar tanto a los libros de historia, ni a los grupos de presión, ni a los que se presentan como ‘padres de la patria’ sino a lo que surja de las entrañas del pueblo con el clamor popular que se precisa para gobernar con un sistema más eficiente, más democrático, más participativo y con una responsabilidad histórica del trabajo colectivamente bien hecho.
La participación ciudadana ha sabido ser compatible con la democracia representativa, para no incurrir en los muchos errores cometidos en las acciones asamblearias de otros tiempos. Pero también ha dejado bien claro que ganar unas elecciones no es un cheque en blanco para los políticos que vayan a gobernar. En los proyectos de participación se aceptan las estructuras presupuestarias, pero eso no impide que por voluntad política se destine un porcentaje de inversiones para que sean priorizadas por los ciudadanos.
Con miles de experiencias en los cinco continentes, y con veinticinco años de experiencias acumuladas, la cogestión del gasto público ha incorporado una práctica que parecía imposible, casi utópica: que los prepuestos constituyan un campo de encuentro del ciudadano con políticos y funcionarios. Ahí radica el éxito de este impulso. Además ha permitido un eficiente control del gasto y, especialmente, se ha iniciado la práctica de rendir cuentas. La democracia participativa es un antídoto para luchar contra la manipulación, el engaño y la corrupción que tanto daño están haciendo en la vida pública. Porque tenemos que evitar que la naturaleza pasiva del votante tolere los ilícitos, como una práctica ‘pasota’ de civismo, y las elecciones se conviertan en una especie de jubileo laico para solicitar el perdón cada cuatro años.
Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas debe convertirse en un organismo independiente, no controlado por los grupos políticos y con capacidad para controlar el gasto al ritmo que se gasta y no varios años después, como ocurre ahora. La capacidad de intervención en la gestión del gasto, el examen de eficiencia y el seguimiento de su ejecución, deben ser un plan en el que se inculpe al político que no respete las normas y su traslado inmediato a la jurisdicción ordinaria. Y el auditor del gasto público debe informar de manera entendible para que los ciudadanos puedan enjuiciar y obtener conclusiones claras del control realizado. Las “oficinas presupuestarias” se precisan que funcionen en todas las instituciones como ejes de control y de información a los ciudadanos.
Observamos con perplejidad cómo no se controla adecuadamente a más de 8.000 municipios, 50 Diputaciones, 19 CCAA y más de 7.000 Organismos Públicos. Solo se encienden las alarmas cuando saltan las denuncias externas, lo cual indica que el control interno es muy deficiente. Pensemos que la contratación pública está convirtiéndose en un problema, y el análisis de las propuestas de la futura Ley de Transparencia son insuficientes para resolverlo.
Tenemos que superar la crisis con el apoyo de una nueva gobernanza, buscando solidaridad, honradez y pacto social: tres pilares para un cambio. Sin olvidar la prudencia, pero aplicándola en sus dosis oportunas, sin tragarnos, sin más, las políticas de austeridad porque el tiempo está demostrando que no salimos de la recesión, sino que con estas políticas se puede inducir otra crisis aún peor.
Es la batalla de las ideas.
Al control ciudadano del gasto público lo sitúan siempre en la sala de espera. Pero no hay tiempo para tanta espera. Nos lo recordaba Martin Luther King cuyo legado político contiene una idea central: reivindicar todos los derechos ¡ahora! Es importante comprender ese mensaje del “¡ahora!” porque hay demasiadas promesas de futuros inciertos cuya espera nos deprime más todavía. Queremos el bienestar ahora; el control, ahora; la transparencia, ahora; y queremos participar, ahora. Queremos un humanismo social.
El deseo, de vivir un presente mejor, lo están impidiendo aquellos que practican un capitalismo de amigos que fomenta según el profesor Katz, de la Universidad de Harvard, una excesiva desigualdad que perjudica el funcionamiento eficaz de nuestra economía. Como ejemplo de la perversión, tenemos “la puerta giratoria”, de entradas y salidas del sistema a la política y viceversa. Tiene que terminar. No podemos permitir, y para eso hay que declararlo incompatible, que políticos que cesan entren en consejos de administración de compañías y que ejecutivos de compañías entren a gobernarnos en la política. ¡Más honestidad!
La financiación de los partidos políticos debe ser transparente, controlado por organismos auditores independientes, -nunca nombrados por los propios auditados- que a su vez nos rindan cuentas públicamente y con detalle. No se entiende cómo con tan pocos ingresos declarados ¡hagan tanto! Es imposible. Y estamos permitiendo que un sistema corrupto, secuestre los recursos de las administraciones públicas. Sin ética, sin códigos de buen gobierno, y con una militancia que no se revela ante sus corruptos jefes de fila, el espectáculo del asalto al poder se acepta como inevitable. Y desde esa desastrosa imagen contaminamos la economía empresarial, rompemos la igualdad de oportunidades del mercado y convertimos las relaciones y el amiguismo como el mejor camino para hacer negocios rápidos.
No se comprende que organismos públicos impidan ser controlados y no faciliten información entre sus administraciones públicas, negándose datos que podrían aclarar sus indescifrables cuentas y deudas. No se comprende que los ciudadanos no tengan acceso a la información, ni se comprenden los impedimentos para que participen ampliamente en las instituciones, con el ánimo de colaborar y mejorarlas. No se comprenden tantas cosas…. ¡No comprendemos nada de lo que están haciendo con lo que es nuestro!
De esa incomprensión, dan buena cuenta las encuestas de opinión, que suspenden a los políticos y sus políticas, pero no nos conformamos con ese suspenso. Los ciudadanos queremos saber, queremos tomar parte, queremos mejorar los servicios, queremos conocer el impacto de las acciones y planes públicos, queremos el control y la rendición de cuentas. Queremos que la democracia recupere las políticas sustantivas, las que van dirigidas a mejorar la vida de las personas y su hábitat.
Queremos ilusión, queremos que la deuda no nos hunda en la depresión, queremos auditarla, queremos repudiarla en aquellas financiaciones manifiestamente injustas. Queremos que los proyectos públicos se puedan priorizar por la ciudadanía. Queremos no dudar de nuestros gobiernos, ni del euro, ni del sistema financiero…. Queremos ir construyendo un «Nuevo Pacto Social” para no dudar de todo.
El sistema no puede quedarse inmóvil, tiene que dar pasos, y uno muy importante es situarnos en la reforma del Sistema Fiscal para este nuevo escenario, garantizando dos cosas: Seguridad jurídica y equidad, dos principios que deben convertir a la Hacienda Pública del Siglo XXI en un modelo tributario integrado, articulado, coherente, que someta a gravamen la realidad económica, sin los agujeros negros que hoy presenta nuestro Sistema Fiscal.
Las encuestas del IEF nos dicen que el 93% de los españoles piensan que nuestro sistema fiscal ha empeorado y que solo funciona para las retenciones de la renta por el trabajo. Se precisa una política antifraude que no sea un plan burocrático, sino un bastión combativo y con medios eficaces, con poderes independientes, sin conflictos con las normas ni con otras administraciones. El retraso en esta reforma, nos está endeudando, y cuanto más se tarde en aplicar la equidad tributaria, menos servicios públicos tendremos y más deuda habremos generado. Precisamos también, de un programa de reformas que impulse y estimule la creación de empleo, porque sin creación de empleo no hay crecimiento. Queremos un crecimiento para todos y, por consiguiente, una economía sin privilegios.
Concluyo: la intención de este trabajo es dejar en manos del lector unas ideas que busquen la eficiencia en la economía para hacerla más solidaria. Que sea un reto, una liberación, al igual que otros pueblos supieron encontrarla, eliminando errores y alimentando aciertos, abriendo sus organizaciones sociales, políticas y económicas para que la hipocresía del poder no ponga en peligro la democracia. No permitamos que nadie la ahogue aprovechando la confusión del momento.
¡Parece evidente que es la hora del cambio! Bergson decía, que existir es cambiar, cambiar es madurar, madurar es seguir creándose a uno mismo sin fin. Un cambio en lo personal y en el cuerpo social, para ello debemos reflexionar participando para conseguir aquello a lo que aspiramos:
Queremos una economía transparente, con una gestión contable clara, con unos balances que respondan a valores reales, no a cuentas ficticias que generan burbujas. Queremos salir de la crisis con más democracia y más participación. Porque hemos aprendido que por la falta de solidaridad nos dejamos arrastrar hacia el egoísmo y la especulación. Nadie pensó que el desarrollo ficticio mermaba nuestras libertades. Y así ha sucedido porque, sin controles, hemos dejado nuestro destino en manos de los que ahora nos están asfixiando.
Por eso queremos que la ‘nueva política’ no sea un mero cambiar a unos por otros, sino que conduzca las energías hacia una democracia más ética, más solidaria, más estructurada en sus territorios, que dé paso a un espacio público más coherente. Esa es la idea fuerza de este trabajo y no creo equivocarme al asegurar que la lectura de mi libro no les dejará indiferentes. Y entre las muchas ideas que se exponen y las que ustedes incorporen……..
¡Nos irá a todos mejor!
Léanlo ¡por favor!
Y sepan que por cada cuatro libros vendidos, uno se destinará de forma gratuita a una biblioteca pública, porque los recortes presupuestarios, no pueden ser un impedimento para que las ideas se difundan.
