Los economistas llamamos “regla de oro” a la definición que en el siglo XIX realizó el profesor Leroy-Beaulieu, sobre la financiación de los equipamientos públicos, afirmando, que el Estado tiene derecho a estar en déficit mientras financie inversiones públicas, porque es legítimo que el coste de una inversión se reparta a lo largo del periodo en que vaya a utilizarse. En pura teoría económica un déficit por inversiones no grava a las generaciones futuras, ya que éstas serán beneficiarias de los equipamientos realizados.
En Francia está en vigor en muchas municipalidades, y la teoría keynesiana nos ha enseñado que la política presupuestaria no debe ser gestionada por interés de grupos o de ideologías, sino con el objetivo de garantizar el pleno empleo, controlando la inflación y con un tipo de interés en consonancia con las tasas de crecimiento.
Con un paro del 26% y un desempleo juvenil del 52,1% el más alto de la UE junto con Grecia, es legítimo tener un déficit superior a los límites fijados, y solo cuando la tasa de paro descienda, es cuando se deben ajustar los déficits. Las falsas “reglas de oro” impuestas, no tienen ningún soporte en la teoría económica porque el equilibrio en las finanzas públicas no es como en la economía familiar. En uno, el equilibrio, es condición de sus limitaciones, en las administraciones públicas, se consigue el equilibrio con una política de ingresos, o sea, con la capacidad de recaudar por medio de su modelo impositivo.
Cuanto antes desaparezca de la Constitución la limitación impuesta, volveremos a la normalidad en la política presupuestaria, con responsabilidad y con control, sin dar carta blanca a ningún político. Prohibiendo, no el déficit, sino los proyectos de complacencia política, producto de una mentalidad faraónica, cuando la norma debe ser el coste-beneficio de cada proyecto, respeto al medio ambiente, a la convivencia y a su hábitat, porque nunca se debe impulsar un desarrollo económico que desprecie su entorno.
Las dificultades para salir de la crisis ponen nerviosos a muchos, y en ese desequilibrio se apoyan proyectos improcedentes, cuando lo que se precisa es una plataforma europea que desarrolle proyectos que creen empleo. Controlando la especulación de los mercados, garantizando la deuda pública por el BCE, para que todos los países de la Unión paguen el bono a diez años al mismo tipo (entorno el 2%), y recuperar las emisiones en circulación y cambiar garantías nuevas por menores tipos, con el fin de no tener que repudiar la deuda.
