Economía a pie de calle

Mis deseos de transparencia me hacen ver con ilusión las referencias  para cortar la corrupción, el mensaje de navidad que desde la Zarzuela hemos oído me anima a este comentario, con el deseo de seguir avanzando en una sociedad más transparente, sin embargo, no observo en los políticos que nos gobiernan una ilusión por recoger el testigo.

Para cortar de raíz la corrupción, hay que cortar como se dice castizamente “por lo sano”, o sea, cortar desde cualquier mala hierba y sus alrededores. Así lo entendemos cuando un agricultor nos señala que hay que “cortar de raíz”. El corte, aunque duela, es esencial. Así que sin demora, córtese de raíz: “El derecho sucesorio de la infanta imputada, cesen a los políticos de gobiernos regionales que están bajo sospecha, abandonen los ayuntamientos los alcaldes y concejales que viven bajo sospecha, abandonen los consejos de administración aquellos consejeros que bajo sospecha entraron en la inducción a la corrupción con políticos”. Si empezamos de arriba abajo, daremos pruebas de que no solo  se piensa,  sino que se  actúa coherentemente.

Para esta poda, se precisan profesionales del “corte”, porque  podar, no es dejarlo todo hecho un solar, y por ello hay que dotar de medios a los que deben hacerlo, jueces y fiscales,  tienen que tomar la “motosierra” y organizar la poda con más medios.

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Queremos un país que sea un sueño colectivo que podamos pagar, con las cuentas claras, y con una ciudadanía que controle y desarrolle la democracia.

Se percibe en la sociedad una sensación de desgobierno y, como consecuencia, los ciudadanos buscan las energías democráticas de una alternativa que impulse un nuevo horizonte que, sin ataduras, sea capaz de devolver a las instituciones la democracia, el Estado de Derecho en su plenitud, para culminar la labor de los constituyentes de 1978. Ese horizonte como meta implica asumir que la forma en que se gestiona la democracia hoy es parte del problema, pero también tiene que ser  la solución incorporando dos actitudes esenciales: diversidad y solidaridad democrática. Dos elementos que no encontramos en la política nacional, pero tampoco en la regional ni en la gestión de los  grandes municipios, donde se gobierna sin transparencia, sin coherencia e implicados algunos gestores en procesos judiciales que a los ciudadanos nos dejan sin respuesta.

Es el momento de recordar lo que Bobbio nos avisaba: “Si cuestionamos la soberanía popular, nos introducimos en el escabroso mundo de los populismos”. Y es que el proceso democrático es un método de concertación institucional para llegar a decisiones políticas y administrativas, de tal manera que si unas mayorías bloquean el proceso y expulsan al resto del juego democrático, no se puede pedir a los desalojados que asistan de meros acólitos a las decisiones institucionales.

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Se debe consolidar un invariable e incuestionable frente social que pueda ir combatiendo legalmente a los corruptos

En la primera Asamblea del Pacto por la Transparencia en la Región de Murcia, celebrada el pasado día 27 de noviembre en el Campus de la Merced, todos los asistentes reafirmaron las 21 propuestas del mismo y, además, se aprobaron medidas para ir evaluando cómo nuestras instituciones cumplen con  este gran objetivo de abrirlas para que  los ciudadanos las controlen y se nos informe, rindiendo cuentas y aplicando códigos de ética. Es el deseo ciudadano del derecho a saber, evaluar las políticas públicas y controlar su gestión.

Tenemos que combatir con entusiasmo los métodos corruptos que se han enquistado en la vida pública y privada de nuestra sociedad. Ese abuso de poder en beneficio privado, directo o indirecto, tenemos que justipreciarlo para que la corrupción sea punible legalmente, por la vía que en Derecho proceda, porque actúa en la captura del Estado, de sus instituciones, jugando con la evasión. Y además lo disfraza, bajo fórmulas de encubrimiento ideadas para ocultar sus intenciones, sirviendo también  para financiar a políticos, partidos, comprar voluntades o, lo que es más grave, influir en la opinión pública culpabilizándola de que somos todos quienes incumplimos las normas.

Esa imagen que ‘justifica’  que estamos en una sociedad corrupta y tenemos la representación sociológica propia que nos merecemos, no es la imagen de una sociedad democrática moderna sino, lamentablemente, la de una sociedad descontrolada en manos de expoliadores y de estructuras dominadas por comisarios políticos, los cuales no ejercen el control porque han sido nombrados por los mismos que tienen que ser controlados.

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Nuestras ciudades son el espacio de expresión de las crecientes desigualdades y los dramas familiares que ha desencadenado la crisis económico-financiera. Y los Ayuntamientos aparecen como las instituciones en las que se ha producido la mayor parte de los casos de corrupción.

La extensión de la crisis y su repercusión en la financiación municipal me lleva a reflexionar sobre los cambios que ha provocado en la acción de algunos gobiernos locales. La nueva situación ha afectado a los Ayuntamientos situándolos ante la realidad de sus fuertes limitaciones financieras, en gran medida por la reducción de sus ingresos urbanísticos -también de sus ingresos corrientes-, obligándoles al recorte de sus gastos corrientes y a una gran disminución de las inversiones. En consecuencia, han tenido que ajustar servicios, congelar las contrataciones de personal, reducir programas y sueldos, retrasar inversiones y buscar un funcionamiento de los equipamientos públicos adaptado a sus posibilidades presupuestarias.

La respuesta de los Ayuntamientos a este escenario les debe llevar a desarrollar un modelo democrático de gestión basado en la transparencia, la participación y, sobre todo, la priorización de políticas de solidaridad en defensa de la cohesión social a la hora de aplicar los recursos disponibles. Todo ello será posible si se recupera el concepto de «ciudad educadora en valores».

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 Es un hecho probado que la realidad social que más preocupa al común de los  ciudadanos son las elevadas cifras del paro, pero la que más indigna y escandaliza es la ausencia de ética manifestada en demasiados profesionales de la política, muchos de ellos representantes elegidos por el pueblo. La noble y necesaria tarea de gobernar y representar a la ciudadanía está siendo corrompida hasta límites insoportables a beneficio del lucro personal de sus gestores, y se ha convertido en uno de los hechos más nocivos de nuestra sociedad a causa del daño moral producido, el deterioro de la credibilidad en las instituciones y el efecto llamada a corruptos en potencia. Medrar y enriquecerse es una aspiración demasiado frecuente en el mundillo político. Son muchos los que, buscando un enriquecimiento rápido, se inscriben en un partido enarbolando falsos ideales de colaborar en el logro de una sociedad más justa. 

Que los españoles nos encontremos en un insoportable presente de inmoralidad en el ámbito de la política es en parte, desde mi punto de vista,  consecuencia de la actitud de aquellos políticos que no han querido darse por enterados de las actuaciones de muchos de sus correligionarios. Mirando hacia otro lado han ninguneado la gravedad de determinados hechos  para, finalmente, sumarse a la ‘fiesta del mangoneo’ cuando han podido. Y es que la ambición que anida en los potenciales corruptos puede más que el riesgo de ser descubiertos si finalmente acaban metiendo la mano.

Por si fuese poco, cuando estos delincuentes de guante blanco son imputados seguimos presenciando situaciones indignantes. A excepción de los delitos de sangre, la ciudadanía percibe que estos procesos judiciales son muy lentos, lo que propicia  la prescripción de muchos de ellos. En otros casos las sentencias impuestas suelen ser, comparativamente, más benignas que las aplicadas a los reos de condición social más baja, siendo así que los de índole política son mucho más deplorables por su nociva repercusión social y la elevada cuantía económica de lo defraudado. “La ley está hecha para el ‘robagallinas’ y no para del gran defraudador”. (Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, partidario de reformar la  Ley de Enjuiciamiento Criminal).

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