El sistema económico se define por dos cosas fundamentales: la transparencia y la confianza. Si las dos han saltado por los aires tendremos que restituirlas con nuevas normas
Cuando se entremezclan política y empresa, terminan tejiendo redes y comportamientos corruptos, por eso la separación del mundo político del empresarial es el primer eslabón a romper para cortar la cadena de los tráficos de compra de voluntades. Y ese, y no otro, es el motivo por el que debe prohibirse la llamada ‘puerta giratoria’: salidas de la política y entrada a los consejos de empresas y viceversa. Con las experiencias que vivimos, ni un minuto más debe durar esa permisividad.
Necesitamos que un nuevo código de ética corporativa plantee con urgencia que la transparencia de las sociedades es un objetivo de la economía nacional y debe informarse con más claridad las relaciones con los grupos de interés, sociales, económicos, políticos, religiosos y culturales. No se puede dejar que un problema que está debilitando al sistema quede en algo voluntario, precisamos de unos principios vinculantes. De esta forma no quedaríamos (como ocurre ahora) a la espera de la denuncia o el despecho para enterarnos del mal funcionamiento o del atropello de los derechos. No queremos volver a revivir con bochorno los escándalos de gestión temeraria y de aprovechamiento personal de instituciones como las Cajas o de empresas cotizadas y las implicaciones de los políticos que las regentaban.
El objetivo de las auditorias, las comisiones de control y la RSC no es hacer un marketing de empresa sino defender los intereses de los accionistas, en especial de los minoritarios que no participan en la gestión. Ahora toda la ciudadanía está inquieta, a consecuencia de la cadena de escándalos, porque no se entiende cómo empresas importantes están en los entramados de la compra de voluntades. Urge que todas las empresas del Ibex, o las que tengan más de 500 empleados, o con una facturación superior a los 40 millones de euros, o con un volumen de activos superior a 20 millones de euros, publiquen sus códigos de ética, sus controles de cumplimiento de su responsabilidad corporativa, las incompatibilidades que tienen sus empleados para ejercer ciertas funciones y que las auditorias no se queden indiferentes ante el incumplimiento de los códigos de comportamiento.