Economía a pie de calle

Necesitamos un “Buen Gobierno” que expulse de una vez de la escena política a todo el que tenga la menor sombra de haberse  dejado contagiar por el tráfico de influencias y la corrupción

Los ciudadanos observan con preocupación que sus gobiernos están desbordados, les supera la complejidad de los asuntos a gestionar. Solo hay que mirar las caras de los dirigentes, sus miradas perdidas, sus manifestaciones, exceptuando las puramente propagandísticas a partir de cualquier dato que no sea tan malo como el anterior, aunque siga siendo malísimo para el conjunto de la población.

Cuando portavoces políticos lamentan que un corrupto entre en prisión, o haya sido descubierta su corrupta actuación, demuestran desconocer la creciente insatisfacción ciudadana que ha situado la corrupción como segundo problema más importante de nuestra sociedad. Y la situación se desborda cuando a la la larguísima lista se añade ahora la familia Pujol, con el ex ‘molt honorable’ a la cabeza.

Son los ‘problemas malditos’, en expresión de Weber y Khademan, los que están rebasando a los políticos cuyas respuestas, por simples o encubridoras, no convencen ya ni a sus votantes que se sienten ofendidos por ese afán de permitir que los inculpados se protejan entre los entresijos del sistema.

La acción de gobierno debe ser más inteligente y aportar soluciones al problema territorial, a la desigualdad, a la falta de transparencia, a la independencia de la Justicia, a la financiación de los partidos y, en suma, a un componente poliédrico de dilemas que arrastramos desde la Transición y que están sin resolver legislatura tras legislatura, gobierne quien gobierne. No se abordan. De todos estos problemas, o carencias, hay uno que los ciudadanos reclaman como esencial: que funcione la transparencia en las Instituciones. Que funcione ¡ya!

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 Los recientes manifiestos “por una España federal y una Europa socialmente federada” y otro texto alternativo “libres e iguales” que piden al gobierno de la nación “postura enérgica frente al secesionismo catalán”, ponen de relieve la inmadurez de los problemas territoriales y su repercusión en la sociedad. Los ciudadanos estamos observando que los recursos que se emplean en la defensa territorial, para abrir, cerrar, o escindir espacios (nacionalidades), no se emplean con la misma intensidad en la lucha por la solidaridad.

La solidaridad es una bandera de todos, y antes de discutir de lo que es “mío” (territorialmente), hay que discutir en profundidad lo que es “común”. El común, sin distinción, los bienes y servicios de todos los ciudadanos, sean de donde sean, y vengan de donde vengan. Nos referimos a las necesidades básicas, esas que nos igualan a todos, y que hacen que un ciudadano de Caravaca, o de Úbeda, tenga cubierta las mismas necesidades que uno de Figueras, o de Baracaldo, por ejemplo. Es poner en acción la cobertura de las necesidades mínimas para todos. Cubierto ese primer escalón para todos, es cuando se puede discutir el sistema de reparto.

No puede ser que tengamos una disparidad de necesidades sin cobertura, y que por otro lado, nuestro endeudamiento sea disparatado, como pasa en Murcia, con una hipoteca del presupuesto público regional del 20% -más del 50% del presupuesto de Sanidad y Servicios Sociales-, que se han convertido en un endeudamiento envenenado. Deberíamos preguntarnos en voz alta ¿para qué nos hemos endeudado? ¿Por qué? ¿Y quiénes son los beneficiarios? ¿Y quienes los adjudicatarios de los proyectos?

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“La lealtad es un tránsito para la transparencia, la ética y el buen gobierno”

He sido sorprendido, gratamente, por el artículo del grupo que firma como ‘Los espectadores’ (La Verdad del 19/7/2014) en el que propone un “Pacto por la lealtad Regional”. Por el calado de tal propuesta, me permito profundizar en algunas consideraciones para que  la oferta no se quede en un brindis al sol. La lealtad con la Región de Murcia no es otra cosa que un compromiso con sus ciudadanos y sus instituciones, especialmente con las que tengan más precariedades. Ser leales con los que manifiestamente tienen menos recursos, privados o públicos, es impulsar los mecanismos de lealtad y solidaridad. Lo saben bien ‘Los espectadores’.

Hablamos de un pacto de lealtades, en plural, que debe abarcar a todas las prioridades y en el que no tiene cabida nadie que tenga la menor sombra de no haber sido leal con esta Región, a la que tanto queremos los murcianos y a la que tan mal la hemos defendido. Unas lealtades de todos sus ciudadanos con todos sus territorios, donde los campanarios, origen de aldeas y de villas, sólo sean vestigios de un pasado histórico, pero de ningún modo volver a practicar desde allí el quehacer político. Queremos construir la Región de Murcia desde el sueño colectivo.

Lealtades con los trabajadores, activos y parados, que se sienten atemorizados por los cambios en sus derechos y más aún con sus expectativas de futuro por los recortes en sus pensiones porque si no se rectifica la tendencia, las pensiones que reciban los jubilados del año 2050 se verán reducidas a la mitad de las de hoy.

Lealtad con los funcionarios públicos, de todas las administraciones y de todos los niveles. Ellos son los  soportes ‘leales’ de nuestros servicios públicos. En sus manos está que las Administraciones Públicas sean un espacio de encuentro en el que se participe en la solución de los problemas, para que la Administración nunca sea el problema sino la solución.

Lealtad con la actividad económica, empresarios que con responsabilidad han impulsado sus proyectos, han puesto su patrimonio a producir y deben tener un horizonte de seguridades jurídicas, sin cambiar las reglas del juego antes de terminar lo pactado. El poder del BOE, se convierte a veces en maléfico árbitro.

Lealtad con el funcionamiento del mercado, para que los monopolios y sus lobbies no se conviertan en gobiernos en la sombra. Lealtad con la transparencia económica y ser muy exigentes con los profesionales en los que hemos depositado la confianza del sistema. Tolerancia cero con el fraude.

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En esta crisis hay ganadores y perdedores y los ganadores pretenden que tal estatus se asiente como nueva ‘normalidad’, un símbolo para que se perpetúe la pérdida de derechos históricos.

  Desde Economistas Frente a la Crisis hacemos un llamamiento para denunciar la ‘nueva normalidad’, es decir, la aceptación de las reformas estructurales emprendidas y el conjunto de los equilibrios/desequilibrios promovidos, en los que se reflejan múltiples transformaciones, cuya visión repetitivita quieren instaurar  en la sociedad un sentido de nueva normalidad. Impuesta, claro. Ese modo elegido para salir de la crisis con la resultante de que unos salen más fortalecidos y la mayoría más debilitados, es también una ‘nueva normalidad territorial’ en la que los países del sur, incluida Cataluña, son pasto de los que dominan el poder económico. ¡No lo olvidemos! En este escenario, el rol que interpretan los países del sur es el de tener que competir entre ellos y con el Este de Europa, así que nuestro horizonte es convivir con salarios bajos, precariedad laboral y exportar a precios competitivos. Son las reglas para funcionar en una Europa dual que ha sido incapaz de enfrentarse a la crisis con bravura. Se consagran las asimetrías, la desigualdad y las divergencias. Nos llevan justo por donde no queremos ir. Han roto el proyecto ilusionante de una Europa unida y solidaria para convertirla en un símbolo de las desigualdades. Como afirma Krugman, en los debates políticos sobre la sanidad, la educación y la igualdad, la ideología se ha impuesto por completo a la realidad.

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