Es triste reconocer que fundamentalmente estamos unidos por la moneda, el euro es nuestro marco de compromiso en lugar de ser las instituciones, y por otro lado, en la otra cara de la moneda, comprobamos los efectos que está produciendo esta crisis, y sentimos como un proceso de expropiación, de privatización de bienes sociales, unido a fuertes desigualdades.
Esta situación nos ha conducido a una preocupación diaria de la prima de riesgo y las repercusiones que tiene sus alteraciones. Las noticias que han llegado de la reunión del FMI en Tokio, son alarmantes, porque si el Fondo ha previsto que la prima de España se puede poner en 750, es una de las peores noticias que nos puede llegar. Si además, los estudios realizados sitúan a la economía española en un crecimiento negativo del 1,3%, tenemos que replantearnos en profundidad los criterios de justicia económica y el comportamiento de un gobierno derrotado en su propio campo, convirtiéndose de la noche a la mañana, de solución de los problemas, a ser considerado el principal problema.
Hay voces, como la del politólogo Toussaint, que entiende que la deuda pública del Estado Español (aplicable a otros países), utilizada para rescatar bancos, y cuyos gestores son parte de los problemas de la crisis económica, es una deuda “ilegitima” por mucho que se quiera ocultar la realidad. Porque hay una extensa doctrina que defienden desde el Derecho Internacional, los abusos sobre deudas contraídas por los Estados para fines no conformes a dicho derecho cuando afectan a los derechos humanos fundamentales. Así lo expresa el articulo 53 de la Convención de Viena y el articulo 5 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si además por causa de los mismos se merman los derechos laborales, económicos, sociales y culturales y se lesiona el derecho a la soberanía, es más grave, porque “ningún pueblo podrá ser privado de sus propios medios de subsistencia” (artículos 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Estamos ante el dilema, de si lo pactado ha traspasado los límites de la equidad general y si como consecuencia en este proceso pudiera existir un enriquecimiento injusto, o un abuso de poder del gobierno en el ejercicio de sus funciones. Traspasar la línea brillante que traza el derecho público y comprobar lo que injustamente soportan los pueblos por un desgobierno, es esencial en un proceso de afirmaciones democráticas, y de resultados penosos para un largo periodo de desendeudamiento, que irá acompañado de una pobreza y regresión social alarmante. El hecho de vivir inmersos en la crisis, sin conocer su salida, ni el total de su gravedad, ni los daños indirectos, ni su temporalidad, está fomentando, en personas y territorios, lo que se conoce como el “síndrome de Axtérix”, consistente en separarse del conjunto y retornar a su antiguo poblado para resistir a los expolios “del imperio”.
